A pesar del impulso que significó la sanción de una nueva ley contra la trata de personas, faltan más esfuerzos para mejorar la persecución de estos delitos. Esas fueron las conclusiones del panel que debatió el tema ayer en el Salón de Actos de la Corte Suprema, convocado por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional. Hoy se cumplen 15 meses de la promulgación de la denominada Ley de Trata.

“Los mismos delitos que pena la nueva legislación ya estaban prohibidos antes, pero sin embargo no habían tomado tanta relevancia hasta que se tomó la decisión de consagrar tipos penales específicos”, destacó Javier De Luca, fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal. “Hay una cuestión cultural de fondo, que empezó a cambiar”, dijo. Entre los avances que se lograron figura que ya no es necesario demostrar el consentimiento de la víctima. “Nadie puede consentir ser esclavo o ser traficado”, explicó De Luca.

Pero algunas problemáticas continúan. “Persiste una superposición de figuras que trae dudas en la aplicación de la ley. El Código Penal habla de la promoción y facilitación de la prostitución, y de la explotación de la prostitución ajena, delitos de competencia ordinaria. La nueva ley establece la competencia federal para prácticamente el mismo proceso, la trata. Sería lógico unificar esas figuras para que el juez federal actúe desde un principio”, explicó la jueza federal de Roque Sáenz Peña (Formosa), Zunilda Niremperger.

Por su parte, el juez federal porteño Ariel Lijo recalcó que falta romper una barrera en la percepción de la trata que a veces muestran incluso quienes la padecen. “Todavía hay víctimas de explotación laboral que tras ser liberadas de un taller textil clandestino, al tiempo, se reinsertan en otro”, explicó. Para revertir esa realidad, pidió ampliar los procedimientos de asistencia a las víctimas. Algo similar –cierto desamparo– ocurre en casos de explotación sexual. “Personas que la sufrieron son discriminadas cuando vuelven a sus pueblos”, contó Niremperger.

María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, consideró necesario crear nuevos protocolos de investigación que permitan hacer un seguimiento de los movimientos económicos de las organizaciones, para lograr que no solamente se enjuicie a los eslabones más débiles de los grupos mafiosos.