La senadora por la provincia del Chaco María Inés Pilatti Vergara presentó en la Cámara alta un proyecto para declarar la “Emergencia Pública en Materia de Violencia de Género” en todo el territorio nacional.

La medida, que tiene una duración de tres años y es prorrogable a tres años más, tiene una diferencia sustancial con otras iniciativas parlamentarias de similar tenor, ya que incluye como víctimas de la violencia de género a todas las personas de identidad femenina que hayan sufrido conductas violentas contempladas en la Ley Nº 26.485 y sus modificatorias.

Además, la normativa dispone la creación del Programa Nacional de Acompañamiento de las Mujeres (NAM) con el objeto de impulsar la implementación del Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres y las personas de identidad femenina.

Asimismo, se impulsa la creación de una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil para las mujeres y personas de identidad femenina víctimas de violencia física o sexual y que deban abandonar sus domicilios. El derecho, será compatible con otros beneficios económicos percibidos.

Para efectuar un seguimiento del efectivo cumplimiento del Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres, el proyecto de ley dispone la constitución de una Comisión Bicameral integrada respetando la pluralidad en la representatividad partidaria y la paridad de género.

Por último y para cumplir con los objetivos propuestos por la iniciativa, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo para reasignar partidas hasta un monto de 12 mil millones de pesos

Según cifras proporcionadas por el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, sólo en el mes de enero de 2019 hubo 27 femicidios, es decir, un asesinato cada 26 horas por violencia machista. Además, en el mismo período se registró un transfemicidio. Al respecto, Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio, planteó que “un femicidio cada 26 horas durante el primer mes del 2019 es la muestra contundente de que el Estado está en deuda con las mujeres”.

“El Ejecutivo nacional sigue sin asignar el presupuesto acorde a la problemática al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), lo que se traduce en tan solo 11 pesos por mujer para el 2019”, detalló Vivanco.

Mientras que, entre enero y el 31 de octubre de 2018, se registraron 225 femicidios y 29 femicidios vinculados de hombres y niños (porque intentaron defenderlas o porque su muerte fue la forma de dañar a una mujer) y 250 hijas e hijos (67 por ciento menores de edad) se quedaron sin madre.

La Asociación Civil Casa del Encuentro sostiene que “el término ‘femicidio’ es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”. Además, desde la Casa del Encuentro adoptan el término de femicidio “Vinculado”, partiendo del análisis de las acciones del femicida para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación.

“El silencio del gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos, así como el desfinanciamiento de los organismos públicos que deben implementar y monitorear las políticas necesarias para vivir libres de violencia es realmente preocupante”, apunta el proyecto de Pilatti Vergara entre sus fundamentos y subraya que “mientras el presidente de la nación se pasea por el Women20 afirmando que cree firmemente que la igualdad de género es un motor clave del crecimiento sostenible e inclusivo, la orientación de sus políticas públicas en la materia no hace más que contradecirlo”.

En relación al presupuesto 2019, el Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que en el Presupuesto 2019 se consta de una caída real del 19,1% en el conjunto de estos programas con respecto al Presupuesto 2018, siendo de 4.623 millones de pesos el total del gasto orientado con objetivos explícitos de género, lo que representa sólo el 0,11% del gasto total o el 0,13% del gasto primario (excluidos los intereses).

En el análisis programa por programa, CEPA constata una caída en términos reales en todos y cada uno aquellos destinados a las problemáticas de género, algunos de ellos particularmente sensibles como el Instituto Nacional de la Mujer que cae 11% con respecto al Presupuesto 2018. Otras partidas relevantes caen incluso en términos nominales, como el caso del programa de Atención de la Madre y del Niño que manifiesta una caída del 68% nominal.

Asimismo, señalan que una problemática que surge del análisis del Presupuesto es el alto grado de sub-ejecución que aparece en el Presupuesto 2018. La subejecución del conjunto de los programas (hasta el mes de septiembre) fue del 61,7 por ciento. Además, fueron subejecutadas partidas muy sensibles para las mujeres, en un año en el que se debatió el aborto legal, del presupuesto del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable sólo se usó un 24,2 por ciento.