El plan del Gobierno de trasladar a los jóvenes de mayor conflictividad del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil a una cárcel que se construyó en Cacheuta genera malestar en algunos sectores, incluso la denominación del lugar, "Complejo Cacheuta Inclusión-Reclusión", no es bien recibida. 

El Presupuesto 2015 enviado por el Ejecutivo incluye en su artículo 7 la construcción de este complejo y contempla la creación de 50 cargos para este espacio. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, el jefe de Gabinete Eduardo Ruiz, explicó los alcances del proyecto.  Se trata de un complejo cerrado, cercano al penal Almafuerte, que hasta el momento tiene un avance de obra del 90% y se espera que el traslado de los menores se inicie en unos 40 días. La inversión total para la construcción de este lugar fue de $36 millones.

En este sentido Ruiz explicó que se buscan introducir cambios en el abordaje de los jóvenes en conflicto, y se hará especial hincapié en aquellos que tienen problemas con las adicciones. “La idea es otorgar un abordaje terapéutico, habrá espacios de integración, recreación, educación y capacitación para el trabajo”, indicó.

El complejo tiene capacidad para veinte personas y se construyeron diez celdas para alojar a los menores. Según datos de Desarrollo Social, actualmente en la provincia hay 480 chicos menores de 18 años en conflicto con la ley, de los cuales 90 están en situación de encierro. En este último grupo hay aproximadamente unos 15 con mayor conflictividad que serán trasladados al nuevo centro en Cacheuta, mientras que para el resto se planea un cambio de concepto y se trabajará con un sistema semi-abierto.

Sobre este tema se manifestó el procurador de las personas privadas de libertad, Fabricio Imparado, quien expresó su disidencia con la iniciativa. “Es un retroceso el traslado de los chicos a Cacheuta, es algo regresivo”, indicó.

Para Imparado este complejo carcelario “estigmatizará” a los jóvenes que lleguen al complejo en Cacheuta. Además señaló que tras las inspecciones que se vienen realizando en el lugar, se observó que no hay espacios contemplados para talleres.

“Es muy dificultoso que se les pueda ofrecer todo lo que hacen acá. Alejarlos es volver cien años atrás”, sostuvo.

Por otra parte en la mañana de este miércoles trabajadores de ATE humanos se acercaron a la Legislatura para plantear su preocupación por su situación laboral. Lo anecdótico es que algunos legisladores no estaban al tanto de la construcción de este complejo teniendo en cuenta que figura en el artículo 7, inciso a de la pauta de gastos. Uno de los que desconocía esta situación es el diputado del FIT, Héctor Fresina, que informó que elevarán un pedido de informe al Ejecutivo sobre este complejo carcelario. También criticó la iniciativa: “Una cárcel de estas características conspira con todo proceso de rehabilitación, los saca del contexto social familiar”.