La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito presentará esta tarde por octava vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, que el año pasado fueaprobado en la Cámara de Diputados pero rechazado en el Senado. El lanzamiento estará acompañado por un “pañuelazo federal” en distintos puntos del país, incluido Mendoza.

El proyecto será presentado a las 17.30 en una conferencia de prensa que ofrecerán integrantes de la campaña en la Cámara de Diputados junto a legisladores nacionales de varios bloques, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y, además, al cumplirse 14 años desde la primera presentación de la iniciativa, en 2007. 

La decisión de presentar nuevamente el proyecto fue tomada luego del encuentro que mantuvieron integrantes de ese colectivo con legisladores que promueven la legalización del aborto y que el año pasado fueron los principales impulsores de la iniciativa.

La intención de las organizaciones y parlamentarios a favor del aborto es reunir el respaldo de más de 70 legisladores para superar el número de apoyos que tuvo en 2018, aunque fuentes parlamentarias consideraron que "no existen muchas expectativas" de que el texto finalmente llegue al recinto en este año electoral.

El debate del aborto dividió el año pasado a los bloques parlamentarios en forma transversal, que incluso no dudaron en identificarse con los pañuelos de cada sector: los verdes a favor de la interrupción del embarazo y los celestes en contra del aborto.

En Mendoza, la convocatoria es de 17 a 20 en la plaza Independencia.  

El proyecto, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14, había sido aprobado el 14 de junio de 2018 por 129 a 125 votos por la Cámara de Diputados pero fue rechazado por el Senado por 38 a 31 votos en la sesión celebrada el 8 de agosto de 2018, en la que su sanción definitiva fracasó.

Las claves del proyecto

El texto de la campaña se presentará con algunas modificaciones como la que establece que toda mujer u "otras identidades con capacidad de gestar" tienen derecho a "decidir voluntariamente" y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.

Otra de las novedades contempladas en el texto es que no se incluye la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave en la discusión para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso.

Los plazos y condiciones (artículo 5) mantienen sus especificidades. La persona gestante o mujer deberá acceder al aborto en un plazo máximo de cinco días desde que lo requiera y tiene derecho que suceda supervisada por un/a profesional o personal de salud. Además, si ocurriera en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa.

El artículo 11, en tanto, trae una novedad importante: el derecho al aborto deberá estar incluido en el Plan Médico Obligatorio. Se exige que "todos los agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo" e incluye al sector público, privado, obras sociales y prepagas.

Otro punto a destacar es el artículo 12: establece que el Estado, la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias deben implementar la Ley 26.150 -de Educación Sexual Integral (ESI)- desarrollando la problemática del aborto.

"Debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía. Deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o social", indica el proyecto.

En el 85 bis se "apunta a castigar a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. La pena indicada es prisión de tres meses a un año.

También se mantienen las modificaciones al Código Penal, a fin de evitar castigos a mujeres que interrumpieran su embarazo.