Ampliar los recursos del fondo destinado al desarrollo de obras y a la promoción turística de Mendoza es uno de los propósitos que el gobierno de la Provincia busca con el proyecto de la nueva ley de turismo, que ya circula en el ámbito legislativo, pero que el ministro del área, Javier Espina, presentará formalmente mañana ante las comisiones respectivas de Diputados y el Senado.

Desde el ámbito oficial aseguran que existe consenso político para que prospere la iniciativa, que si se aprueba dejará sin efecto la norma 5.349, de 1988, surgida en un contexto de auge del sector, que crecía a un ritmo del 16% al 20% en el mundo, convirtiéndose en un polo industrial.

Además de la atracción de financiamiento, la otra pata de la propuesta es la creación de organismos consultivos (privados y públicos), cuya opinión no será vinculante, pero que, según lo que el propio Espina argumentó, “servirán para ampliar la participación social, y fortalecerán el desarrollo regional y microespacios geográficos que están tomando vitalidad y serán los motores del desarrollo turístico futuro”.

Implicarán, como luego aseguró, “una nueva organización política que involucra a los sectores público y privado en toda su amplitud, y pone el acento en la federalización”.

El anuncio es la carta más importante que esta gestión jugará en la materia, decisión política ya anunciada por el gobernador Francisco Perez en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa.

Y la presentación surgirá en un contexto a tono, ya que será en una jornada en la que habrá diversos festejos por el Día Internacional del Turismo, con la presencia de autoridades de la Nación como el ministro Enrique Meyer.

Contrapunto

Pese al “consenso” mencionado por Espina, el proyecto ya fue cuestionado por parte de la oposición. Desde la Unión Cívica Radical entienden que el Fondo para el Desarrollo y la Promoción –será la principal vertiente de dinero para concretar las decisiones políticas de impulso del turismo– debería ser controlado por una entidad mixta, que conformen también miembros del sector privado.

El reclamo no es nuevo, ya que durante la gestión de Celso Jaque también se batalló en este sentido. Pero ahora los radicales redoblan su apuesta ya que, en la letra de la ley, está expresa la intención de hacer crecer los recursos.

Actualmente el fondo está compuesto por una asignación presupuestaria ministerial y el 35,71% de lo recaudado a través del impuesto sobre los Ingresos Brutos en distintas actividades. Y ahora sumará el 5% de lo obtenido por el mismo impuesto que surja de la explotación de los casinos privados; la totalidad de los cánones que el ministerio percibe por la concesión de bienes inmuebles (como el hotel Hyatt), y otro dinero proveniente de la recaudación por multas, espectáculos o actividades, subvenciones y donaciones, intereses de las inversiones, subsidios o venta de publicaciones, etcétera.

“La pelea por la creación de una entidad mixta de control la venimos dando hace mucho, y ahora la retomamos. Si bien con esta nueva ley se incrementan los fondos, sólo el 25% de ellos se coparticipará a los municipios. Pero lo que nos parece más grave es que el resto va a ser para promoción y obras, lo cual puede dar paso a un manejo discrecional, porque nadie controlará de qué manera se utilizarán en nombre de esos conceptos”, opinó el radical Daniel Di Martino, presidente de la Comisión de Turismo de Diputados.

Luego interpretó: “Los consejos municipales, privados y académicos que se pretenden crear no van a tener opiniones vinculantes. Entendemos que va a haber más burocracia y fondos desdoblados sin demasiado control”.

Por su parte, Ricardo Pettignano (Eje Peronista), que encabeza la misma comisión pero del Senado, vio con buenos ojos la nueva ley de turismo, y aportó que el ente mixto de control del Fondo para el Desarrollo y la Promoción debería ser creado aparte, por medio de otra norma.

Para el titular del Ministerio de Turismo, la propuesta de ley plantea un marco institucional y otro de financiamiento. Este último se amplía para mejorar la promoción turística y avanzar en la realización de obras marginadas del grueso del presupuesto, según ejemplificó, como “la señalización de los senderos turísticos, que todos los años es una pelea, pequeñas obras en los arcos de ingreso, paradores, baños y otras necesidades”.

De lo dicho por Di Martino, opinó: “Primero hay que aclarar que los entes mixtos no necesariamente surgen por una ley. Tal es el caso de ProMendoza, IDITS e IDR. Y, luego, hay que decir que se trata de una decisión política. Entendemos que se tienen que crear los mecanismos de financiamiento y luego diseñar las instituciones paralelas de control”.