La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica la regulación sobre el mercado de capitales y le otorga a la Comisión Nacional de Valores mayores atribuciones de control. El Frente para la Victoria (FpV) consiguió 184 votos afirmativos, con el acompañamiento en general de la UCR, el FAP (Proyecto Sur, GEN, Partido Socialista), Nuevo Encuentro, Unión Popular (el bloque de Claudio Lozano) y Coalición Cívica. Parte de este consenso se logró luego de incluir varias modificaciones al proyecto original. Los 24 votos negativos vinieron del lado del PRO, el Partido Demócrata de Mendoza y el Frente Peronista. El partido de Macri justificó su rechazo en que el proyecto propone una mayor “intromisión del Estado” en contra de la iniciativa privada. En realidad, el proyecto del Ejecutivo pone fin a una ley de 1968 del gobierno de Onganía, que establecía la autorregulación de los mercados de capitales. Durante el debate parlamentario, el oficialismo enfatizó que la norma está en línea con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

La media sanción pasó automáticamente al Senado para comenzar hoy su tratamiento en comisión, con la presencia del ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, y el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino. El objetivo de la Cámara alta será convertir este proyecto en ley la semana que viene. “Esta ley supone la reconfiguración integral del funcionamiento del mercado de capitales, que ahora buscará capitalizar el ahorro nacional hacia las empresas productivas, procurando el desarrollo económico con inclusión social”, sostuvo Carlos Heller, titular de la Comisión de Finanzas.

El inicio de la sesión estaba previsto para el mediodía. Sin embargo, estuvo a punto de caer, ya que el oficialismo necesitaba los dos tercios de la Cámara para acceder al quórum. Esto fue así porque el dictamen no contaba con los siete días reglamentarios para ser tratado en una sesión ordinaria. Si bien se habían agregado varios cambios, el FpV tuvo que incluir una modificación más para conseguir el quórum durante la reunión de Labor Parlamentaria. Incorporó una cláusula que indica que la CNV tendrá 180 días para realizar la reglamentación de la norma. Este plazo se puso para que la Bolsa de Comercio, liderada por Adelmo Gabbi, pueda ajustarse al nuevo marco regulatorio.

“Lo que hay que discutir es cómo se regula el mercado. Una premisa básica es hacerlo de manera transparente y simple y esta ley hace todo lo contrario, establece cierta discrecionalidad en sus medidas. El Estado debe potenciar la actividad privada, no restringirla. Esta ley achicará el mercado de capitales”, manifestó Julián Obiglio (PRO).

“Esta ley apunta a crear financiamiento a largo plazo. Lo que buscamos es que la reserva de valor de los argentinos sean las empresas locales y activos reales de la Argentina”, le respondió Roberto Feletti (FpV), titular de la Comisión de Presupuesto.

Como ocurrió con otros proyectos centrales, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de servicios de comunicación audiovisual o la recuperación de las ex AFJP, el oficialismo consiguió ampliar la cantidad de votos afirmativos. Esto se debió en parte a los cambios realizados a partir del debate en las comisiones de Presupuesto y Finanzas. Antes del inicio de la sesión, Heller mantuvo una reunión con los diputados de la oposición, donde se comunicaron varios de los cambios aceptados por el Ejecutivo. Por ejemplo, a pedido de la CAME se incluyó a las asociaciones y cámaras empresarias dentro del objeto de la ley, para que puedan ser vehículos en la emisión de títulos dentro del mercado de capitales.

Uno de los cambios más relevantes es el que acota la influencia de las calificadoras privadas y se incorpora a las universidades públicas para que realicen las evaluaciones correspondientes sobre el mercado financiero. “Nuestro país está sufriendo el embate de los fondos buitre y las calificadoras de riesgo. Los buitres recurren a cualquier argucia, mientras que las calificadoras bajan la nota y amedrentan con un posible default. Nada de esto recurrirá. Las reformas (de esta ley) apuntan a mitigar los riesgos sistémicos y transparentar los mercados”, insistió Heller. Este cambio también había sido propuesto por Lozano.

A pesar de que votó en contra, también fue incluida una modificación formulada por el PRO, junto con Prat Gay y el Mercado Abierto Electrónico (MAE), relacionada con el destino de los fondos de garantía, que pasarán a gestionarse como fondos fiduciarios. También a pedido del Ministerio de Economía y la CNV se amplió el alcance del artículo 117, que apunta a garantizar transparencia en el uso de la información sensible. “Los directores, miembros del órgano de fiscalización, accionistas, representantes de accionistas y todo el que por su trabajo, profesión o función actúe dentro de una sociedad emisora o entidad registrada, o de la propia CNV, no podrán valerse de la información reservada o privilegiada a fin de obtener, para sí o para otros, ventajas de cualquier tipo, deriven ellas de la compra o venta de valores negociables o de cualquier otra operación relacionada con el régimen de la oferta pública”, puede leerse en la modificación del proyecto.

Todos estos cambios fueron explicados en la reunión informal que tuvo Heller con los bloques opositores. Durante la reunión de Labor Parlamentaria se incluyó la modificación del plazo de 180 días para la reglamentación de la norma, quizás el principal logro del lobby de la Bolsa de Comercio. Durante el transcurso de la propia sesión hubo dos modificaciones más. “Si ante un relevamiento de la CNV se encuentra la vulneración de alguna norma, la entidad podrá designar veedores con capacidad de veto e incluso podrá separar al órgano de administración por 180 días”, explicó Feletti.

La otra modificación tiene que ver con los trabajadores de las Bolsas y mercados de valores. Al igual que con el proyecto que cambió el régimen de los depósitos judiciales de la CABA, se incluyó una cláusula que indica que “ningún trabajador podrá ser despedido a raíz del proyecto en cuestión”. La UCR quería un artículo que comprometiera a la CNV a contratar a cualquier despedido, pero primó la cláusula redactada por Héctor Recalde (FpV), quien sostuvo que dicho texto estaba amparado en la legislación local y en las cláusulas de la OIT.