Cristina Kirchner promulgó hoy la ley que crea el registro nacional "No llame", que permitirá a los clientes de las compañías telefónicas no recibir más en sus teléfonos fijos y celulares llamadas y mensajes de texto que contengan publicidades y ofertas no solicitadas. Para poder inscribirse en el registro, los usuarios deberán esperar a que la normativa sea reglamentada por el Gobierno -tiene un plazo de 90 días-.

"El objeto de la presente ley es proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados", indica el artículo 1° de la ley 26.951, que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La nueva normativa extiende a todo el país la misma protección con la que ya contaban ocho jurisdicciones -incluidas la ciudad de Buenos Aires y la provincia-, en donde ya funcionaban los registros propios, aunque con un moderado número de líneas registradas.

En el texto de la ley se detalla que podrá inscribirse en el registro "toda persona física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía que manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios". Y la normativa también dispone que la inscripción al registro debe ser gratuita, por medios sencillos y eficientes, y que el cliente tiene derecho a obtener una constancia de su inscripción.

La duración en el registro, que dependerá de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será de dos años y la baja se podrá realizar en cualquier momento.

El Gobierno tiene 90 días para reglamentar la nueva ley y permitir así que los millones de usuarios se inscriban en el registro nacional para no recibir más llamadas y mensajes de texto que contengan publicidades y ofertas no deseadas.

Excepciones

Según establece la ley, quedan exceptuados del registro nacional "No llame" las campañas de bien público y electorales; las llamadas de emergencia, de quienes tienen una relación contractual vigente y de aquellos que hayan sido expresamente autorizados por el titular o usuario..