Con el objetivo de asegurar a los ciudadanos el ser espectadores directos de la discusión, opinión y propuestas de los candidatos a las diferentes elecciones, se presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que obliga a los postulantes a participar en un debate público.

La iniciativa es impulsada por el senador provincial del Pro Gustavo Cairo, fundamentada en que nuestro país no tiene una ley específica que obligue a los candidatos a presidente, senadores y diputados a participar en debates electorales, y la figura del debate presidencial también está ausente del Código Nacional Electoral (ley 19.945).

"Los intercambios de ideas electorales más recientes fueron organizados por canales de televisión entre candidatos a cargos ejecutivos de nivel provincial. En este contexto, y dada la ausencia de una normativa que obligue a los candidatos, los incentivos para debatir suelen ser bajos para los postulantes mejor posicionados en las encuestas y altos para aquellos más rezagados", expresó Cairo.

Si bien un debate no necesariamente garantiza un intercambio de calidad, según explica el legislador, los encuentros son clave para comenzar a instalar en nuestro país una cultura que visibilice la discusión sobre políticas públicas. "Fomentarlo es un paso necesario para revertir la situación actual, en la que los actores políticos no tienen ni incentivos ni costos políticos frente a la ciudadanía por negarse a debatir", explicó el senador.

La iniciativa apunta a mejorar la calidad del sistema político a través de la modernización de las instituciones. "Es un desafío al que debemos aspirar desde todos los ámbitos de la sociedad, en especial, quienes ocupamos lugares de toma de decisiones, de ahí que es fundamental la implementación del debate en las elecciones generales", indicó.

Según las fuentes del justicialismo y el radicalismo local consultadas por El Sol, no está previsto por ahora un debate público entre los aspirantes, y si bien hay diferencias estratégicas en cada caso, las visitas que se vienen realizando a los departamentos son la acción más importante que continuarán desarrollando.

"En el ámbito provincial, donde si bien es costumbre entre los medios de comunicación locales organizar un intercambio de ideas entre los candidatos a gobernador de las distintas fuerzas, no existe una norma que así lo obligue, como tampoco una que garantice determinadas pautas de funcionamiento. Desde ya que, para cargos electivos nacionales o legislativos inferiores, tampoco existe norma jurídica alguna que obligue a los aspirantes a una banca a debatir sobre los ejes de su gestión", precisó el senador.

"Los encuentros son clave para que quienes aspiran a obtener un cargo público puedan asumir compromisos de metas, gestión, planes de gobierno, proyectos de ley; transparenten ideas y compromisos, diferencien planes de gestión, etcétera. De esta manera, se posibilita instalar el debate sobre políticas públicas e involucrar a los partidos políticos en su organización", comenta.

"En Mendoza, los debates deben ser obligatorios para los cargos de gobernador y vicegobernador y legisladores nacionales por la provincia para los candidatos de aquellos partidos que hayan obtenido en las PASO o en elecciones Primarias anteriores un piso de votos no inferior a 5% de los sufragios válidamente emitidos en el caso de senadores y diputados provinciales, y 10% en caso del gobernador y vice, de manera de que el debate sea circunscripto a aquellos aspirantes con ciertas posibilidades de éxito electoral", explicó Cairo.