“Se entiende por hábitat el lugar ‘donde se vive’, donde se potencian todas nuestras capacidades; y es ‘adecuado’ porque considera no solo el acceso a una vivienda sino las condiciones del lugar: infraestructuras básicas, equipamientos sociales como educación, salud y esparcimiento, y la existencia de un ambiente sano y seguro con adecuación cultural y opciones de empleo”, explica Silvina Liceda, arquitecta y magíster en Ordenamiento Territorial.

La experta que colaboró con otros especialistas de la UNCuyo y el Conicet en el Plan de Ordenamiento Territorial, realizó observaciones en el documento final que se presentó en la Legislatura el 1 de mayo. Entre ellos, que si bien se menciona la necesidad de garantizar el hábitat no se explica cómo hacerlo realidad para los mendocinos.

“En el plan que ha presentado el gobierno el tema de hábitat se menciona, pero no se genera un cambio estructural para que realmente suceda”, aseguró la profesional, que recordó que ellos propusieron que todas las instituciones que tienen injerencia territorial trabajen de forma coordinada en un Sistema Provincial de Hábitat (SPH). “Queremos que se entienda que hay un avance en la concepción de la vivienda, a nivel de tratados internacionales y reuniones mundiales”, destacó Liceda.

Según recordó, antes de 1992 la política de vivienda era centralizada: “Llegaban los fondos al IPV y éste elegía la empresa, el terreno y avanzaba”. Después se descentralizó la política y se llevó a cabo un Sistema Provincial de la Vivienda. “En el mismo el IPV reparte el dinero pero los municipios tienen un peso fundamental”, señaló.

En ambas modalidades es clave el financiamiento de la Nación, por lo que -indicó Liceda- la política de viviendas de la provincia es muy inestable. “No se puede planificar a mediano y a largo plazo porque los fondos pueden o no venir”, remarcó, a la vez que aclaró que en la mayoría de los casos el dinero que llega para viviendas no contempla la compra del terreno ni los servicios complementarios que son necesarios.

Por eso es que propone crear un SPH a través de la coordinación y concertación de acciones entre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV,) municipios, entes prestadores de servicios públicos, ministerios con injerencia territorial (como Transporte, Salud, Infraestructura Ambiente, la Dirección General de Escuelas, Irrigación y la Dirección de Hidráulica.)

“Así si vamos a hacer un barrio van a tener que estar coordinadas las acciones, para que en el lugar se construya la infraestructura que haga falta, el equipamiento comunitario necesario y que no se entregue una vivienda en un lugar que esté segregado sin las condiciones mínimas de hábitat”, expuso la arquitecta.

El sistema debería contar con mecanismos de sostenibilidad presupuestaria con fondos provinciales genuinos, a fin de garantizar la efectividad y continuidad de las acciones con independencia de los fondos nacionales e internacionales, tal como precisó Liceda.

La gestión de recursos económicos debería realizarse en forma compartida por todos los organismos que lo componen, por ejemplo con parte de la alícuota de un impuesto provincial ya sea automotor, inmobiliario, sellados o ingresos brutos, o solicitar a la Nación la creación de un fondo nacional para proyectos de hábitat (FoNHabitat) enmarcados en Planes de Ordenamiento Territorial Provinciales.

“Para que realmente se logre hay que ponerle el cómo y hay que querer. Y eso es una forma de gestión de la administración pública para trabajar coordinadamente”, afirmó la especialista. Según aseguró, este aporte está presente en la propuesta que realizó la UNCuyo: “Pero se diluye en la que finalmente presentó el gobierno y si no lo marcamos ahora, perdemos una oportunidad histórica”.

Áreas prioritarias

Otro programa vinculado al hábitat que propuso la arquitecta Liceda junto al grupo de la universidad fue el de áreas prioritarias de intervención socio-territorial. “Tampoco figura en el plan del gobierno”, especificó. A lo que apunta es a atender prioritariamente a grupos vulnerables asentados en zonas de deterioro ambiental o riesgos, implementando metodologías de acompañamiento social antes, durante y después de las intervenciones. “Nosotros no decimos cuáles son las zonas de riesgo sino que detallamos el criterio para que después cada Municipalidad las defina”, contó.

Consultada por esta propuesta, Sonia Romero, presidenta de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, expuso que el plan presentado, como cualquier documento, es mejorable y perfectible. “Todo lo que colabore con hacer una mejor Mendoza bienvenido sea”, dijo. Al estar el plan ya en la Legislatura, manifestó que el aporte puede adjuntarse al expediente para ser considerado. “El ámbito legislativo tiene amplias facultades para aportar lo que crean convenientes”, cerró.

Alertan sobre el manejo del agua en América Latina

En la pasada Semana Latinoamericana del Agua 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) determinó que existen grandes rezagos en las políticas de manejo del agua en América Latina, tanto en tratamiento como acceso a fuentes potables de consumo, y enfatizó que es urgente remediarlo ya que el agua es un sector que ayuda a la igualdad social.

En dicho evento, los presentes coincidieron en que es esencial este tipo de trabajo en favor de dotar de agua a comunidades rurales y el líquido es el detonante del desarrollo.

El agua significa la vida de la humanidad por lo cual las grandes ciudades se han instalado al costado de sus afluentes y, alrededor de este elemento natural, han florecido diversos sectores económicos: desde la agricultura hasta la generación de energía hidroeléctrica. Por ello en la actualidad se analiza al agua como elemento esencial del desarrollo económico. DyN