El control de precios viene avanzando con el impulso que le están dando el Gobierno nacional y provincial, como también por la presión que ejercen los consumidores, y, para sumar fuerza en busca  de fiscalizar a los comercios, quieren darles a los municipios mayor poder de intervención.

En las últimas horas hubo una reunión entre funcionarios del Ejecutivo provincial y autoridades departamentales, y el encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones de supervisión y avanzar con  el pedido de que a los inspectores que trabajen en los diferentes municipios se les confieran facultades que tienen los fiscalizadores que trabajan en la Dirección provincial de Defensa del Consumidor  y aplican la normativa local.

Desde el lanzamiento de la lista de Precios Cuidados para la región Cuyo, el Gobierno provincial dispuso una serie de operativos que involucra a distintas entidades, como la Administración Tributaria  Mendoza (ATM); la Dirección de Nutrición e Higiene de los Alimentos perteneciente al Ministerio de Salud; la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Agroindustria; la Subsecretaría de  Trabajo y la Dirección de Defensa del Consumidor.

El encuentro fue encabezado por el titular de esta última dependencia, Sergio Rocamora, y casi la totalidad de los municipios se hicieron presentes para sumarse a las tareas de control.

Las comunas que enviaron a sus representantes fueron Tunuyán, San Carlos, Santa Rosa, Malargüe, Godoy Cruz, Guaymallén, Lavalle, Capital, General Alvear, Luján de Cuyo, La Paz, Las Heras,  San Rafael y San Martín.

La presencia de una gran cantidad de municipios en la reunión promovida por el Gobierno provincial se produjo no tan sólo por el interés de poseer mayor capacidad operativa, ya que los mismos  funcionarios departamentales participaron en otro encuentro de importancia, como fue la coordinación de las paritarias con los trabajadores de esas jurisdicciones.

Rocamora comentó que la situación que se presenta es que en algunos municipios no está conformada una oficina de defensa del consumidor, y que, en muchos casos, lo que ha sucedido es que,  al no tener la posibilidad de ejercer poder de policía para aplicar la ley provincial, las tareas de estas oficinas eran poco efectivas por lo que se decidió dejar de ponerlas en funciones.

Pero, en otros casos, la decisión de los intendentes ha sido tener una buena estructura en esta materia, y puso como ejemplo lo que ocurre en San Rafael.

Otro aspecto a considerar del encuentro, y que se puede interpretar como una real decisión de fortalecer los mecanismo de control de precios, es que no hubo limitaciones políticas en la  participación, ya que hubo representantes de comunas de todos los partidos.

“Esta reunión es importante para poner al tanto a todos los municipios de que los controles van a extenderse, y de que necesitamos del apoyo de todos para cuidar el bolsillo del consumidor.  Necesitamos trabajar mancomunadamente para evitar que aquellos ciudadanos que viven en sitios más alejados queden fuera de este beneficio impulsado por el Gobierno nacional”, indicó Rocamora.

Se han aplicado sanciones a comercios por 255.000 pesos

En diversos rubros se comenzaron a aplicar las multas económicas a los negocios que no cumplen con la Ley de Lealtad Comercial en lo que respecta a la exhibición de precios. En este caso, el  Ministerio de Agroindustria y Tecnología, a través de la Dirección de Industria y Comercio (DIYC) aplicó sanciones por 255.000 pesos.

Desde que se iniciaron los operativos, el 27 de enero, la DIYC inspeccionó más de 1.600 comercios en toda la provincia e infraccionó a 162 en los distintos rubros. Luego de labradas las primeras actas de infracción y vencidos los plazos legales otorgados para efectuar el descargo pertinente (10 días), la DIYC comenzó a dictar las correspondientes resoluciones de multas.

La totalidad de las sanciones económicas fueron por incumplimiento a los artículos 5 y 6 de la Resolución Nacional 07/02 concordante con la Ley Nacional 22.802 por la no exhibición de precios de los bienes que se comercializan.

Lucas Daniel Pascual, director de la DIYC, indicó que “frente a las maniobras especulativas que se dieron en distintos sectores comerciales, la DIYC en conjunto con los demás organismos dedicados  a la fiscalización se avocaron inmediatamente  al control de las condiciones en que se realizan la ventas de bienes y servicios, utilizando para ello las herramientas legales con la finalidad de proteger a los consumidores en general”.

Los usuarios que detecten irregularidades pueden denunciar al 0800-333-3492 de la Dirección de Industria y Comercio; también están disponibles las líneas gratuitas de la Dirección de Defensa del Consumidor, 0800-222-6678 y la de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 0800-222-6722.

La normativa

La ley 5.547 indica en sus dos primeros artículos lo siguiente:
“La presente normativa tiene por objeto la defensa de los habitantes de la provincia en las operaciones de consumo y uso de bienes y servicios. A los efectos de la presente ley, se considera  consumidores a todas las personas de existencia física o ideal que utilicen o contraten bienes o servicios para su consumo final, cualquiera sea su naturaleza, pública o privada, individual o colectiva, de quienes produzcan, faciliten, suministren o expendan aquellos”.