Tras el fallo absolutorio del caso Marita Verón, la presidenta Cristina Fernández convocó al Congreso de la Nación a desempolvar un viejo proyecto de ley sobre la trata de personas que duerme en la Cámara Alta desde hace un año. En Mendoza, la Legislatura se hizo eco de este flagelo hace ya algunos meses, en medio de la polémica ordenanza que impulsó el intendente capitalino, Víctor Fayad, la cual prohíbe los prostíbulos en toda Capital. Así fue que, desde setiembre hasta la fecha, se han presentado, sólo en Diputados y provenientes de diferentes bloques, nada menos que cuatro proyectos de ley para que tome alcance provincial la eliminación de la figura del proxeneta, principal responsable de la red de trata.

Debido a la similitud de las propuestas presentadas en Diputados, desde la Comisión de Género de la Legislatura se decidió unificarlas y "sacar lo mejor de cada anteproyecto para dar una propuesta bien elaborada". Sin embargo, Mendoza ya no tratará el tema este año y todo indica que el debate de un proyecto de ley consensuado sobre la explotación sexual será postergado para después del 1 de mayo, día de inicio de las sesiones ordinarias.

"Ahora estamos muy complicados con proyectos de ley de Impositiva y Presupuesto, pero es un tema fundamental para los mendocinos y que ya cuenta con el consenso de todos los bloques. Eso es lo importante", explicó Liliana Vietti, coautora de uno de los proyectos contra la trata, junto con la diputada justicialista Mónica Salazar, quien trabajó varios años como abogada del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos.

Vietti también dio respaldo al proyecto de la diputada Evangelina Godoy (FPV), quien, en diálogo con El Sol, aseguró que su anteproyecto, "flexible a modificaciones", aclaró, se presentó dos semanas antes de que el Viti Fayad lanzara su propia ordenanza que dejó atónitos a todos los intendentes del Gran Mendoza. Sin embargo, la legisladora asegura que, justamente, la idea es evaluar qué es lo mejor: si prohibir prostíbulos o cualquier lugar que sirva de escenario para la explotación sexual de las mujeres, o sería mejor opción trabajar fuertemente en el control de estos locales habilitados.

"Estamos recabando información, incluso ahora, para tratarlo en el recinto apenas comiencen las sesiones del 2013", dijo Godoy, y agregó: "Es muy bueno que todos los bloques estemos preocupados por este tema". El tercero proyecto en la Cámara Baja es de la diputada radical María Rosa Lemos, y el cuarto fue escrito por su par demócrata Aníbal Ríos. El legislador presentó su propuesta en octubre, basada en la Ley Nacional de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, pero versionada "a la mendocina", según definió Ríos.

En general, todos los proyectos presentados y que ya ingresaron a la Legislatura comparten algunos puntos considerados fundamentales. Godoy destacó el énfasis que hay en "suprimir la imagen del proxeneta, eso es fundamental en todos". También se baraja la posibilidad de armar una red de investigación y control específica sobre este asunto, armar un sistema de multas y concientizar a la población mendocina a través de campañas oficiales o artículos en los medios de comunicación. Algunos legisladores proponen establecer una intervención más clara por parte de la sociedad civil en las denuncias, y promueven más participación conjunta con la Nación.

Pero será en la Comisión de Género de la Legislatura donde cada uno de los proyectos quedará sujeto a modificaciones para luego unificar el mensaje, normas y propuestas para futuro. "Nosotros hemos hablado con las meretrices, con organizaciones sociales, con familiares de las víctimas. Estamos escuchando a todas las voces para entender mejor la problemática y ayudar a tener una ley clara, seria y con buena investigación previa", agregó la diputada Godoy.

Recientemente, la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) publicó un informe que brinda un primer diagnóstico sobre el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual en nuestro país. Incluso, en uno de sus apartados sugiere que la provincia de Mendoza es uno de los destinos de las mujeres secuestradas en Jujuy. El dato surgió luego de la absolución de todos los acusados en el caso Marita Verón.

Amnistía Internacional, preocupada por el fallo, pide “justicia y verdad”

Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la falta de esclarecimiento del secuestro y desaparición de María de los Ángeles Verón, perpetrados hace diez años en Tucumán, y reclamó al Gobierno que garantice "justicia y verdad". Además, pidió "al Estado argentino que asegure que este crimen no quede impune". Amnistía instó, a través de un comunicado, al Estado nacional y a las autoridades de Tucumán "a garantizar justicia y verdad en el caso de Marita Verón".

Y remarcó que observaba "con profunda preocupación que la Justicia no haya esclarecido, después de más de diez años, la desaparición" de la joven tucumana. La ONG recordó que, desde abril del 2002, su madre, Susana Trimarco, emprendió una "lucha incansable" para encontrarla y que "develó indicios de que Marita había sido secuestrada por una red dedicada al tráfico de mujeres con fines de prostitución". Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostuvo: "El Estado argentino, a través de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como 'Convención de Belém do Pará', se comprometió a investigar con debida diligencia y sancionar la violencia contra la mujer". Y agregó: "Esto se debe traducir en una investigación oportuna, exhaustiva, imparcial, independiente y efectiva sobre la desaparición de Verón y sobre cómo operan las redes de trata en el país". Y finalizó diciendo: "El Estado tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para que este crimen no quede impune y para que se conozca la verdad de los hechos".