En la declaración redactada para entregar ante los organismos internacionales apuntaron que la comunicación “es una estrategia para que los pueblos indígenas ejerzan un poder transformador en la construcción de imaginarios y para el desarrollo de políticas públicas”. Por ello, denunciaron la “persecución, hostigamiento y violencia a diferentes comunicadores y comunicadoras por parte de grupos armados, Estados y gobiernos, megaproyectos y grupos económicos internacionales” y exigieron “respeto a la vida de los comunicadores y al ejercicio autónomo de la comunicación”.

En tanto, las organizaciones locales firmaron un texto dirigido a la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en el que demandan la implementación de la norma que otorga licencias a los pueblos originarios.

En el encuentro se expuso que la Argentina es el único país de la región latinoamericana donde la normativa contempla la posibilidad de los pueblos originarios de acceder a medios de comunicación.

El pedido de las comunidades locales se ancla en el artículo 151 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que “los pueblos originarios podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada (AM) y modulación de frecuencia (FM) así como de radiodifusión televisiva abierta en los términos y condiciones establecidos en la presente ley”.

“No queremos quedarnos en el reclamo, sino que queremos hacer propuestas para que la ley se implemente correctamente en el país y que haya avances en el resto de los países latinoamericanos”, explicó Ailín Piren, del Centro de Comunicación Mapuche, una de las agrupaciones que organizó el encuentro.

“La comunicación es una herramienta política”, sostuvo Viyen, de una comunidad qom de Chaco. El, junto a otros comunicadores, realiza documentales audiovisuales y tiene una radio comunitaria, El Palahuó. Además son parte de la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación (ACIC). “En el Impenetrable, contar lo que está pasando es muy difícil. Hay amenazas y persecuciones a los comunicadores”, denunció Bashé Charole, cuyo hermano murió en un supuesto accidente automovilístico en abril de este año después de haber hecho una investigación filmada sobre el desmonte en una zona no permitida. También se refirieron a los asesinatos de los campesinos Cristian Ferreyra y Miguel Galván, en Santiago del Estero.

En la carta a la Afsca se explica que las comunidades darán cuenta al organismo de “la situación de los distintos espacios de comunicación audiovisual, las trayectorias y necesidades de las distintas organizaciones de pueblos originarios en materia de derecho a la comunicación” a través de un diagnóstico que concretarán al cabo de cuatro reuniones regionales (NEA, NOA, Centro y Patagonia).

Esas situaciones fueron expuestas ante Francisco D’Alessio, de la Dirección de Proyectos Especiales de la Afsca. El funcionario tuvo la palabra luego de que referentes de las comunidades expresaran sus inquietudes sobre la “efectiva implementación” de la ley de medios. “Su pedido va a poder llevarse adelante”, dijo D’Alessio ante el público. Y señaló que la idea de la Afsca es “garantizar que todos aquellos que tienen una voz propia tengan la posibilidad de expresarse a través de sus propios medios de comunicación”.