Se acerca fin de año y la urgencia de aprobar Avalúo, Impositiva y Presupuesto cambia todas las actitudes. Y al ritmo de esa urgencia se diluye el tratamiento de las leyes de la polémica reforma política.

Hoy se impone el diálogo y la mesura, particularmente en Diputados, porque los números del oficialismo son adversos y se va a requerir el concurso de la oposición para aprobar estas leyes clave y, particularmente, el endeudamiento. Al decir de un legislador, hay un "50% de posibilidades de que se patee para adelante" el tratamiento y entonces, el 5 de diciembre quedaría en el olvido.

La Legislatura venía enfrascada en la discusión de las reformas. Casi nada existía por fuera de esto. Por un lado, la reforma política que empuja la oposición, que incluye: boleta única, financiamiento de las campañas, desdoblamiento de las elecciones de cargos nacionales de los provinciales y las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Está claro que estas leyes resultan una especie de suicidio para la política. Boleta única es el fin de la lista sábana y, con eso, el fin de los colgados de un nombre célebre; el desdoblamiento, el fin del arrastre nacional; el financiamiento de las campañas, el fin de los aportes oscuros a los partidos, y las PASO, poner en entredicho a los aparatos partidarios. Es inevitable que la discusión se torne caliente, cuando lo que está en juego es la supervivencia de quienes discuten.

Para colmo, desde el oficialismo se empuja la reforma constitucional casi como el único proyecto oficial de relevancia; la criatura y el legado de Francisco Pérez. En ese escenario era inevitable que las pasiones caldearan el clima.

Esta semana, todo cambió. Ya el fin de semana, el vicegobernador Carlos Ciurca había dicho que "no hay madurez" para tratar la modificación constitucional. Ayer, respecto de la reforma política se escuchó decir al presidente de la Cámara de Diputados Jorge Tanús: "Si llegamos, sí. Si no, la prioridad son las tres leyes que pidió el gobernador".

Minutos antes, el presidente de la bancada radical en Diputados, Néstor Parés, había dicho otra frase sugerente: "Para qué vamos a tratar la reforma política, si después la planchan en el Senado".

Esas dos frases, dichas en contextos diferentes, van dibujando un escenario en el que la polémica reforma política empieza a ser corrida de la escena, frente a las urgencias políticas que planteó el oficialismo.

"Nosotros vamos a insistir con el despacho único y les hemos pedido una definición de lo que van a hacer en el Senado", explicó más tarde el diputado radical Tadeo García Zalazar. El argumento del despacho único fue repetido por el demócrata Hugo Babolené. Para esa definición que pide la oposición, inevitablemente el PJ requiere tiempo.

Pero además, el PJ arrancó la semana con otro juego. La cercanía del fin de año encendió las alertas, porque el clima político no era el mejor. El radicalismo denunciando compra de voluntades en el empeño oficialista de modificar la Constitución, con un sector del PD haciendo una mueca rupturista con el radicalismo; todo parecía excesivamente caliente para un debate que requerirá de muchas cabezas frías y comprensión.

En los primeros días de diciembre llegarán a la Legislatura los proyectos de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2013; eso implica abrir tres debates fuertes y, para colmo, con la necesidad de autorizar endeudamiento, autorización que requiere de dos tercios de los votos en ambas cámaras. Y aunque en el Senado estén cerca de lograrlos, en Diputados el oficialismo no tiene esos números.

Entonces, para qué calentar el ambiente con la discusión de la reforma política, si es mejor demorarla, patearla para adelante y evitar que la oposición mezcle las cosas y termine poniéndose dura en el tratamiento de lo urgente.

Para empezar a correr por esa vía de concordia y gestión, el PJ propuso tres leyes previas. Autarquía judicial, Agencia de Recaudación y Estatuto de la empresa provincial de energía Emesa (ver aparte). La cuestión es poner fuera de foco las leyes que hablan de las necesidades electorales, para hablar de los temas de la provincia, en los que no se juega la vida de nadie (al menos de la corporación política).

Pero incluso más, Tanús volvió a repetir la voluntad de tener en cuenta la propuesta que hiciera el radicalismo hace un par de semanas de bajar algunas alícuotas de Ingresos Brutos y subir otras y que tal vez fueran incluidas en el futuro proyecto de ley Impositiva.

Más todavía, Tanús enunció otro tema que fuera propuesta opositora, aunque en el tratamiento del presupuesto de este año que termina.
 
"Trataremos de orientar el financiamiento a obra pública y de achicar el déficit". Durante el debate del presupuesto 2012, el radicalismo prácticamente exigió que todo el endeudamiento fuera destinado a obra pública. De esa forma, no habían crédito para gastos corrientes. Ahora Tanús enuncia que para el Presupuesto 2013 el propio oficialismo aplicará la fórmula de 2012.

Otro paquete para salir del debate

La discusión por las reformas prometía quedar en la nada. En Diputados, UCR y PD tienen los números para aprobar las leyes electorales; en el Senado la cuenta se invierte y el PJ podía sacar la media sanción para declarar la necesidad de la reforma, pero no reúne los dos tercios para hacer lo propio en la Cámara Baja.

La forma de evadir la encerrona era salir de esos debates. El miércoles el PJ pidió el tratamiento de otras tres leyes: Autarquía judicial, Agencia de Recaudación y Estatuto de la empresa provincial de energía (Emesa). La oposición pidió un día para analizar la cuestión y ayer volvieron a juntarse.

Todos los presentes coincidieron en que hubo respeto y mucho diálogo. Pero, también todos coincidieron en que la reforma política queda un poco relegada, porque la prioridad son las tres leyes que pidió el Ejecutivo.

Parece estar claro que la semana que viene no se tratará ninguna de estas tres leyes, pero el 28 casi seguramente se trataría la Autarquía judicial y, quizá, la Agencia de Recaudación.

Está claro que tanto radicales como demócratas nunca van a avalar el estatuto de la empresa de energía. Su ley de creación tuvo el aval radical (no el del PD, que se opuso a crear otra estructura de personal en el Estado), pero en el camino, la presidenta Cristina Fernández expropió las acciones de YPF a Repsol y emitió el decreto 1.277, en el que le recorta poder a las provincias en lo que hace a fijar política petrolera. "Cambió el escenario", repiten los radicales y acá es dónde fundan su negativa a aprobar el estatuto.

Al respecto, Tanús pide comprensión: "Atendiendo a que ellos tienen una dificultad por la posición nacional del radicalismo en este tema, que expresen su descontento en el recinto, pero que permitan que el gobernador cuente con esta herramienta".

Lo que pide el presidente de la Cámara Baja es que la UCR patalee para el diario de sesiones, pero que se abstenga o saque legisladores del recinto, para que el PJ y sus aliados aprueben el estatuto.

Está claro que la Autarquía judicial, fijando una cantidad de recursos que permitan calmar los ánimos judiciales, es prácticamente un hecho que sea aprobada; está claro que la agencia de recaudación, con algunas modificaciones, también saldría con el beneplácito opositor.

Está claro que la estrategia de sacar de la escena la reforma política es un eficaz calmante de los ánimos.