Un plan B, una alternativa, algo que "compense", en caso de aprobarse en el Senado la Guía del Aborto no Punible, que ya tiene fecha de tratamiento para el 13 de este mes. De eso se trata el nuevo proyecto de ley que presentó el senador provincial justicialista Matías Stevanato, con la idea de que haya una "ley de compensación" al protocolo y que esta garantice "otra salida para aquellas mujeres que no quieren abortar y que necesitan acompañamiento del Estado, más allá del gobierno de turno", según explicó ayer a El Sol el autor del proyecto. Elaborado con ayuda de la senadora Claudia Segovia (PJ), quien ya se manifestó en contra del protocolo, la nueva propuesta plantea un programa de prevención y compensación dirigido a las mujeres "que cursen un embarazo producto de un delito sexual y al niño que nazca de esa gestación".

Stevanato presentó su proyecto el 11 de octubre y, por estos días, se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, donde ya se discuten tres puntos que prometen calentar aún más los motores del debate sobre la Guía del Aborto no Punible en el Senado, pese a que cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cuestión del aborto no punible ha calado hondo en el justicialismo mendocino. Por un lado, están los más cercanos ideológicamente al kirchnerismo en este tipo de temas muy complejos, mientras que otros prefieren hacerse los desentendidos y no adherir al protocolo nacional ni realizar uno local, en sintonía con el fallo de la Corte. Así, con estos antecedentes, sorprende la frontal propuesta de Stevanato respecto de "morigerar" el protocolo, más allá de que es optativo para los escasísimos casos de mujeres que queden embarazadas tras una violación. Las resistencias mendocinas han quedado claras por la postura del Gobierno provincial, que no apoya ni elabora la guía local.

DE QUÉ SE TRATA. Stevanato propone asistencia habitacional para aquellas mujeres que fueron víctimas del abuso dentro del seno familiar y una pensión económica para ella y su hijo, ya sea durante el embarazo, o por dos años después del parto o, hasta que el chico tenga 18 años. En este caso, el legislador propone pagar un monto equivalente a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir, 1.400 pesos. La otra propuesta es acelerar los trámites de adopción para quienes no quieran abortar pero tampoco desean criar al bebé. Para ello, Stevanato imagina un sistema que priorice la adopción al hijo de una violación. Al paquete de propuestas se suma el apoyo psicológico, el asesoramiento jurídico y médico para la mujer violada. Esto, pese a que ya se viene replicando este trabajo en programas provinciales (ver aparte) y hasta municipios.

Lo mismo ocurre con la ayuda económica y la asistencia habitacional. "Entiendo que puede existir todo tipo de asistencia a la víctima de violación, pero hace falta un programa provincial que tenga fuerza de ley y que no que dependa de los gobiernos de turno que quieran o no implementarlo", justificó el legislador. El legislador –ex secretario privado de Celso Jaque– no sólo pretende el aval de sus pares en el recinto legislativo, sino que ya juega por fuera para obtener apoyo político desde el Ejecutivo. De hecho, ya se comunicó con el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, quien pateó la reunión para más adelante, y en el transcurso de la semana hablará del tema con el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Guillermo Elizalde. Sobre este tema, la titular de la Dirección Provincial de la Mujer, Alicia Prada, prefirió hacer silencio. Es que la última vez que salió a respaldar la Guía para el Aborto no Punible –en nota con este diario– sus declaraciones la complicaron en la Casa de Gobierno. ¿Votará en contra o a favor del protocolo? preguntó este diario al legislador. "No voy a adelantar mi voto pero ya di muchas pistas", dejó entrever el senador, quien espera obtener despacho favorable para su proyecto lo antes posible para ser tratado en el recinto en una fecha cercana al 13 de noviembre.

Liliana Vietti, la diputada radical que dio impulso a la aplicación de la guía, a través del proyecto de adhesión provincial a la guía nacional, criticó el "extraño momento" en que surge el proyecto de Stevanato: "Esto parece una barrera contra el protocolo, porque no tiene nada que ver que se trate en el mismo período previsto para la guía", manifestó Vietti. "Además, ya existe todo lo que propone este proyecto. Hay ayuda habitacional en varios municipios y subsidios nacionales para las embarazadas. A lo sumo, este legislador debería proponer un organismo que articule proyectos nacionales, provinciales y municipales, pero no es urgente, porque el protocolo no es de uso obligatorio, así que no entiendo por qué habla de una 'salida' para la mujer que no quiere abortar. No sé qué se quiere compensar con todo esto", agregó la legisladora.

Aún funciona un programa ideado en la era de Julio Cobos que asiste a la víctima de abuso sexual

La principal argumentación del senador Matías Stevanato para sostener su proyecto es que el sistema que diseñó tendrá "la fuerza de una ley", lo cual debería traducirse en garantizar el funcionamiento de un programa, más allá de la voluntad política del Gobierno de turno. Sin embargo, en Mendoza ya hay muestras de que cuando un organismo de servicio a la comunidad funciona bien, trasciende los gobiernos, más allá de que sean de diferentes colores políticos. El ejemplo está en el Programa Provincial de Asistencia a la Víctima, que recibe diferentes casos de violencia y delito, entre ellos, la violación y el abuso sexual.

Ese programa, que depende del Ministerio de Seguridad, funciona desde hace más de seis años. Allí se brinda contención psicológica y asesoramiento médico y llega a toda víctima de delitos. El programa tiene una sede central y otras dos delegaciones: una en el Sur y la otra en zona Este. Comienza a funcionar una vez que la víctima llega a un hospital público y es asistida con el kit de emergencia (pastilla del día después y antivirales), por una denuncia que provenga de una oficina fiscal o tras un llamado al 911. A partir de ahí, la persona cuenta con contención psicológica y asesoramiento legal para que decida si sienta la denuncia contra el violador. Si bien no hay un acompañamiento económico de la persona dañada, el programa tiene la facultad de derivar el caso a una amplia red de atención a la víctima, que ofrece una ayuda o hasta el alquiler temporal de una vivienda, cuando se trata de un caso de abuso dentro del seno familiar.

"En la mayoría de los casos se trata de una dirección municipal, donde se trabaja muy bien", indicó Carina Farías, operadora del programa asistencial. Sí, en cambio, hay seguimiento en el ámbito psicológico, ya que el profesional puede continuar tratando a la víctima durante semanas o meses, según la gravedad del caso. Desde el programa, que dirige Marcela Gómez, aseguran: "Allí siempre creemos en lo que se denuncia y por eso se asiste inmediatamente. Después, que investigue la Justicia".