La cuestión es mantener la reforma constitucional como tema de agenda. Más aún, obtener un dictamen de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que sume como antecedente. Para eso sirve el proyecto de resolución del senador Gustavo Valls del peronismo federal, en el que pide al gobernador Francisco Pérez que convoque a elecciones de convencionales constituyentes, de acuerdo al resultado de la elección de 2001, cuando el sí no superó la mitad de los electores pero sí de los votantes.

No es que el proyecto de Valls sea la llave que abre la puerta a la modificación de la Carta Magna. De hecho, el Gobernador podría hacer la convocatoria aun sin que se haya aprobado. Pero le serviría al oficialismo el recorrido que ha tenido la idea desde el mismo momento en que apareció.

"Una sola persona es la que puede tomar la decisión de avanzar con esto y parece que todavía no la toma", dijo un dirigente del PJ. Esa persona a la que se refiere es el gobernador Pérez. Así lo reflejó Los Andes en su edición del 13 de febrero pasado, cuando el propio mandatario dijo que no está en análisis retomar el proceso de reforma que inició el entonces gobernador Roberto Iglesias. Más aún: Pérez llamó a la especie una especulación mediática.

Allá por 2001, Iglesias mandó el proyecto de necesidad de la reforma, logró los dos tercios necesarios en la Legislatura y la ciudadanía votó el referéndum el 14 de octubre de ese año. El resultado de ese comicio fue 311 mil votos por el "Sí" y 218 mil por el "No". Muchos faltaron a votar y otros tantos fueron, pero optaron por no manifestarse sobre la reforma.

Lo cierto es que el número del "Sí" no fue superior al 50% de los empadronados, condición que había sido puesta por una interpretación de la Constitución suscripta por la Suprema Corte mendocina en 1989.

Tanto desde el PJ como el senador Valls entienden que el proceso que encaró Iglesias, como nunca se hizo el llamado a elección de convencionales constituyentes, nadie planteó objeción al resultado, por lo que tal vez el Gobernador tiene una opción de hacer el llamado junto con las próximas elecciones y que, si alguien entiende que no se cumplen las condiciones fijadas por el artículo 221 de la Constitución, que plantee la queja ante la Suprema Corte.

En el PJ se mantiene la secreta convicción de que la composición actual del máximo tribunal no es la misma que en aquellos años en los que pusieron ese piso electoral inalcanzable.

Por ahora, la cuestión es hacer circular la idea, que se discuta públicamente. De hecho, el proyecto fue presentado la semana pasada y en la sesión de ayer del Senado, el oficialismo ni siquiera intentó forzar el tratamiento sobre tablas. Simplemente mandaron el proyecto a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para que tenga dictamen para llegar al recinto.

Ese dictamen resulta importante para el oficialismo, siempre pensando en la posibilidad de llegar a la Suprema Corte con la reforma. Ese dictamen puede sumar para inclinar la balanza judicial a favor de la reforma.