El Ministerio de Trabajo presentó el Plan Integral de Combate al Trabajo no Registrado. Sindicatos y empresarios se reunieron ayer con ministros y secretarios del Gobierno en las oficinas de la cartera laboral para conocer las medidas diseñadas para reducir los elevados y persistentes niveles de informalidad y precariedad laboral. Alrededor de 4,5 millones de trabajadores, un tercio de los asalariados del país, se encuentran empleados en situación irregular. Como anticipó Página/12, se anunció la creación de un registro de empleadores infractores, el lanzamiento de una unidad especial de fiscalización para detectar tercerización fraudulenta, el fortalecimiento de las capacidades para inspeccionar y la implementación de “incentivos” a microempresarios a través de la reducción de las cargas que pagan para que formalicen a sus asalariados. Para los sectores críticos donde la informalidad laboral supera el 80 por ciento, como el trabajo doméstico y el empleo rural, se lanzarán medidas específicas.

“Entre 1980 y 2000 la informalidad se duplicó y llegó a alcanzar al 50 por ciento de los asalariados. A partir de 2003 comenzamos a diseñar políticas públicas para hacer retroceder el trabajo no registrado. La precariedad se redujo 18 puntos porcentuales”, destacó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El funcionario estuvo acompañado por su par de Industria, Débora Giorgi, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

El encuentro convocado la semana pasada contó con una amplia presencia de dirigentes sindicales de la CGT y CTA, aunque no abundaron “titulares” del frente empresario. Por la UIA estuvieron Daniel Funes de Rioja y José Urtubey y también participó el vicepresidente de la metalúrgica Adimra, Juan Carlos Lascurain. Dentro de diez días, el capítulo laboral de las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno tendrá su segundo encuentro. Allí buscarán consensuar la implementación de las medidas. En algunos casos, como el veraz laboral, las innovaciones requieren una ley para entrar en vigencia.

Las medidas presentadas ayer buscan atacar las diferentes dimensiones del núcleo duro del empleo no registrado. En la última década la informalidad se redujo de 49,1 a 32 por ciento. La mejora se concentró en el primer lustro cuando cayó 12,8 puntos (de 49,1 a 36,3 por ciento). Entre 2008 y el primer trimestre de 2013 el retroceso de la informalidad fue de 4,3 puntos (36,3 a 32 por ciento). Ese comportamiento se registró en medio de la crisis internacional y la de-saceleración de la economía local.

En la actualidad el 31 por ciento de los asalariados no registrados se desempeña en empresas que tienen a otros trabajadores registrados. Para atacar la informalidad en ese sector, el Gobierno propuso crear un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Se trata de un mecanismo de disuasión y sanción para los empresarios infractores que hoy en día no se ven amenazados por los mecanismos de control. Esos empleadores reinciden en las irregularidades y no pagan las multas: la cartera laboral sólo pudo cobrar el 19 por ciento de las multas realizadas entre 2006 y 2012. Quienes figuren en el listado perderán cualquier subsidio, crédito del sector público y no podrán participar de licitaciones. En la misma línea, la unidad especial de fiscalización apunta a realizar un seguimiento cualitativo de las cadenas de valor, como la textil, donde grandes empresas formales contratan talleres con elevadísimos niveles de informalidad y precariedad para las primeras etapas del proceso productivo.

La reducción de las cargas patronales que pagan los microempresarios representa un incentivo para avanzar en la formalización de un sector donde los niveles de informalidad alcanzan al 70 por ciento. Se trata de empleadores que tienen entre 3 y 5 trabajadores con bajos niveles de facturación. Consistirá en un pago único mensual similar al esquema que existe para las trabajadoras de casas particulares, que simplifica la registración. Desde la cartera laboral enfatizaron que el “incentivo” no afectará los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social y acceso al sistema de salud, aunque sí implicará un “costo fiscal” para el Estado.

El fortalecimiento de las facultades del gobierno nacional para inspeccionar y sancionar las irregularidades laborales –no sólo la ausencia de aportes sino otros abusos, como trabajo infantil– permitirá avanzar con la fiscalización en el interior del país. La responsabilidad recae en la actualidad sobre las provincias que tuvieron un pobre desempeño. El titular de Trabajo anticipó ayer que posiblemente se incorporen 800 inspectores de la Anses a la fiscalización del trabajo no registrado.