A nivel local, el gas natural es un bien natural estratégico para el sector productivo y el transporte, al mismo tiempo que es socialmente necesario para satisfacer los usos de calefacción y cocción en el sector residencial, comercial y entidades sin fines de lucro. La matriz energética primaria argentina es gasífera dependiente ya que constituye el 52 por ciento de la misma. Asimismo, nuestro país es el principal productor de gas de la región, constituyendo en principio una ventaja comparativa, pero debe importar cerca del 20 por ciento del fluido que consume internamente por medio de Bolivia y de cargamentos de GNL o, en su defecto, combustibles sustitutos para la generación eléctrica y el sector industrial en ciertos momentos del año.

Luego de la sanción de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera en 2012, que declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento, y de la creación del “Plan Gas” en 2013, que estableció un precio estímulo de 7,5 dólares x MMBTU para la inyección de gas “nuevo” a aquellas empresas que comprometieran inversiones, se revirtió la declinación de la producción local. En 2015 la producción total aumentó un 3,6 por ciento.

El gobierno de Macri pretende reducir abruptamente los subsidios tanto a la demanda (incluyendo el costo del gas importado en las tarifas finales) como a la oferta (achicando la brecha entre el precio estímulo y el efectivamente percibido por las petroleras). A su vez, no está dispuesto a desnudar la estructura de costos de producción del gas ni a exigir compromisos de inversión a las productoras.

El nuevo esquema de precios en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) para el sector residencial anunciado por el Ministerio de Energía propicia su alineación escalonada con el precio de paridad de importación, fijando como objetivo alcanzar un promedio ponderado de 6,78 dólares x MMBTU en octubre de 2019, lo que representa un aumento total del 426 por ciento respecto al precio vigente de 1,29 dólares.

El primer escalón de este sendero, previsto en octubre de este año, es de 3,42 dólares. El segundo peldaño tendrá lugar en abril de 2017 para ascender a 3,78 dólares. Por lo tanto, con el poder adquisitivo actual, buena parte de los trabajadores deberá afrontar el próximo invierno un aumento total del 193 por ciento promedio en dólares. Una burla a la gradualidad en medio de la caída generalizada del salario real. Al ser un aumento en dólares, una devaluación implicaría un aumento adicional en pesos.

Por otra parte, la meta final de 6,78 dólares se establece en función de la paridad de importación del GNL en 2017 (con regasificación y transporte). Sin embargo, nada hace suponer que este precio se mantenga hasta fines de 2019. Entre 2010 y 2015 la Argentina importó GNL por un promedio de 13 dólares x MMBTU, en tanto que este año se vio beneficiada por la caída de los precios internacionales que redujeron su costo a 6,65 dólares. Que el precio del GNL se mantenga en este nivel o retome la senda alcista depende de factores ajenos a la planificación energética nacional.

En definitiva, el precio del PIST debe permanecer regulado en función de la dinámica económica interna y con una YPF cada vez más fuerte. Abandonar el precio a las oscilaciones del mercado internacional como si el gas fuera un commodity, representaría un serio perjuicio a la industria nacional y a la calidad de vida de la población.

Por Ignacio Sabbatella* Investigador del Conicet / Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA).