En Mendoza no se observan, como en otras partes del mundo, grandes redes de crimen organizado dedicadas a la trata de personas. Sin embargo, existen situaciones de explotación sexual o laboral que no siempre son identificadas como tales, porque han sido naturalizadas.

De ahí que, a un año de la implementación del Plan Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, se decidió empezar a trabajar con los referentes sociales y los agentes sanitarios, que son quienes están en el territorio y pueden identificar casos y sensibilizar sobre la problemática.

Ayer se desarrolló el Primer Encuentro Provincial “Mendoza Sin Trata”, con la presencia del procurador Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo, y de diversas autoridades provinciales. Además de ofrecer un breve balance del primer año de trabajo en el marco del plan provincial, se anunció la próxima aplicación de un dispositivo de detección temprana para posibles casos de trata.

Es que como se subrayó en repetidas ocasiones durante el encuentro, la explotación laboral o sexual se basa en la extrema vulnerabilidad de las víctimas.

Éste es uno de los aspectos sobre los que también se pretende reforzar la tarea para evitar que, una vez que la trata es detectada y se recupera a la persona de la red, vuelva a caer en una situación similar por falta de oportunidades. Por esto, un equipo interdisciplinario se encarga de realizar el acompañamiento a las personas damnificadas y de ofrecerles contención e inserción educativa o laboral.

Ahora el énfasis está puesto en la detección de los casos a través de la llegada al territorio. El director de Protección de Derechos Humanos de la provincia, Rubén Cuello, explicó que saldrán a recorrer todos los departamentos para explicar cómo funcionará este dispositivo de detección temprana. La idea es constituir coordinaciones barriales, de las que participarán representantes de organizaciones sociales y de los municipios, referentes comunitarios y agentes sanitarios.

Las funciones de esta coordinación serán detectar las situaciones de extrema vulnerabilidad, que puedan devenir en casos de trata; dar a conocer cómo actúa el Plan Provincial de Lucha contra la Trata de Personas; generar conocimiento sobre el tema para visibilizarlo; fomentar las denuncias y hacer el seguimiento y acompañamiento de las personas que fueron sacadas de una red de explotación -tanto laboral como sexual- y que están en la fase de restitución de derechos.

Fanny Sarobe, subsecretaria de Gestión de Salud, destacó que el sistema sanitario provincial cuenta con una estructura de centros de salud, médicos, enfermeros y agentes sanitarios que se encuentran en todo el territorio provincial y que muchas veces no tienen incorporado el “sistema de alarma” para detectar este delito. Por eso, consideró importante aprovechar la oportunidad que ofrece la presencia de estos profesionales.

De hecho, Carina Herrera, quien es trabajadora social y se desempeña en Lavalle, indicó que hay sitios en los que la comunidad sólo se abre ante la presencia de los agentes sanitarios, quienes son referentes de esa población y se capacitan para ser un nexo entre el centro de salud o la posta sanitaria y los pobladores.

Sergio Mayorga, referente de los agentes en Lavalle, comentó que ellos mismos, a partir de la desaparición de Soledad Olivera en noviembre de 2011 y de Johana Chacón en setiembre del año pasado, comenzaron a dar charlas a los alumnos de las escuelas rurales para prevenir los raptos, en especial porque los niños suelen recorrer sitios solitarios para llegar a los establecimientos o volver a sus casas. Pero también reconoció que necesitan más preparación sobre estos temas, porque desconocen ciertos aspectos de la problemática.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se lanzó una plataforma virtual de capacitación y en el primer curso, destinado a docentes, se inscribieron más de 1.500 personas. María José Ubaldini, la subsecretaria, anunció que está previsto lanzar un segundo taller a fin de año y que probablemente estará pensado para referentes sociales, comunitarios y agentes sanitarios.

90 condenas en todo el país

En el mundo, la trata de personas era el tercer delito en cuanto a cantidad de dinero que movilizaba, después del narcotráfico y el tráfico de armas, pero recientemente, planteó Marcelo Colombo (fiscal general de la Procuraduría Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y Secuestros Extorsivos) alcanzó el segundo lugar.

En el país, la ley que prohíbe la existencia de prostíbulos se aprobó en 1937 pero casi no hubo condenas hasta 2008, cuando se sancionó la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (ver aparte).

Desde entonces, se ha llegado a unas 90 sentencias condenatorias en todo el país y cuatro en Mendoza, a las que se suman varios casos que están en la instancia de procesamiento. Del total de condenas, detalló Colombo, 90% están relacionadas con la explotación sexual, lo que indica que el trabajo forzado o en condiciones de servidumbre es aún más naturalizado.

Sobre esto, planteó que hay que distinguirlo de las situaciones laborales abusivas y también resaltó que el trabajo de registración que desarrolla el Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) ha permitido detectar varios casos de trata laboral.

Un año sin Johana

El miércoles que viene se cumple un año de la desaparición de Johana Chacón, la adolescente de 13 años que asistía a la escuela Virgen del Rosario, de Tres de Mayo (Lavalle), y el 4 de setiembre de 2012 no volvió a su hogar. Su caso puso en relieve el de Soledad Olivera, una mujer de 28 años que fue vista por última vez en noviembre de 2011, ya que al parecer ambos estarían relacionados.

Silvia Minoli, directora de la escuela donde iba Johana y quien lidera la campaña para pedir por la aparición de ambas lavallinas, asistió al encuentro. La docente subrayó que si bien estas desapariciones no estarían vinculadas a la trata, la explotación laboral y sexual van de la mano y en los sitios donde se observa un tipo suele haber del otro. “Sabemos que hay una gran posibilidad de que las chicas estén sin vida, pero de todas formas es una deuda pendiente encontrarlas”, planteó.

Minoli comentó que no sólo están peleando por el esclarecimiento de estas desapariciones, sino por los derechos de la mujer, porque si bien la violencia de género está muy instalada en la sociedad en general, en las zonas rurales se observa un poco más porque se naturaliza y se fundamenta en la dependencia económica de las mujeres.

Destacan “buen avance” de la ley

El fiscal general de la Procuraduría Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, Marcelo Colombo, destacó ayer que desde 2008 “ya se registraron 90 condenas en todo el país” en relación con este delito.

“A nivel país tenemos un total de 90 condenas desde 2008 y muchas otras que ya están cerca de la instancia oral. La rueda se sigue moviendo y hay una buena aplicación de la ley de Trata”, dijo Colombo en el marco del encuentro en Mendoza.

Colombo aclaró que no todo trabajo en negro refiere a trata de personas y señaló que este tipo de ilegalidad “se da mayormente en los rubros de hornos de ladrillo, construcción, personal doméstico y todo lo que tiene que ver con las cosechas”.

La ley de trata se sancionó en abril de 2008 y en diciembre de 2012 hubo una reforma que anuló la posibilidad del consentimiento de la víctima mayor de 18 años de edad como defensa del tratante, que antes podía decir que la mujer estaba en esa situación por elección.
 
Ahora, una vez verificada la situación de explotación, ya no tiene importancia si la víctima es mayor o menor de edad: se considera trata.