Página 12 - Miércoles 19 de marzo de 2014
Los terrenos fiscales están distribuidos en doce provincias y tienen un precio fiscal de 750 millones de pesos. Allí se construirán 15 mil viviendas que serán vendidas con créditos flexibles del programa Pro.Cre.Ar.
Por Federico Kucher
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) transferirá 25 predios para la edificación de viviendas a través del Pro.Cre.Ar. Esto implica un pase formal de la tierra a un fideicomiso de la Anses, el cual se está encargando de su urbanización. En este espacio se empezaron a construir 15 mil hogares, con una inversión que alcanzará 7 mil millones de pesos y agregará un millón de metros cuadrados al mercado de viviendas. Desde su lanzamiento, el programa de créditos subsidiados del Gobierno aprobó 102.000 créditos a partir de tres líneas de financiamiento, mientras que las obras terminadas ascendieron a 24.000 casas.
La Anses recibirá los títulos de propiedad de 422,3 hectáreas de tierra fiscal urbana distribuida en 12 provincias. La mayoría de estos predios bajo control de AABE se localizan en Buenos Aires, al tiempo que el resto se ubica en Santiago del Estero, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, San Luis y Córdoba. El precio fiscal de estos suelos asciende a 750.000.000 de pesos, según la valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El proceso de escrituración y transferencia de las propiedades estará a cargo de la Escribanía General de Gobierno de la Nación, la cual otorgará los bienes a una sociedad entre la Anses que conduce Diego Bossio y la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía. Este fideicomiso se encargará de las cuestiones operativas, organizando la licitación y la comercialización de las tierras a través del programa Pro.Cre.Ar.
La inversión para urbanizar estas tierras ascenderá a siete mil millones de pesos, permitiendo inaugurar 15.000 nuevas viviendas. A diferencia de las primeras líneas de financiamiento de la Anses, la edificación quedará a cargo del sector público, mientras que los beneficiarios pagarán con cuotas baratas y de largo plazo las propiedades terminadas. Este proyecto en tierras fiscales adquiere relevancia si se tiene en cuenta que, cuando se terminen de construir las casas, se habrá sumado un millón de nuevos metros cuadrados al negocio inmobiliario local. También porque aportará 30 por ciento de las viviendas que el Estado construirá en forma directa para Pro.Cre.Ar. En total, la edificación de obras multifamiliares previstas hasta el momento ascenderá a 50.000 hogares, de los cuales 35.000 se desarrollarán en terrenos fiscales de distintas provincias del país.
Pro.Cre.Ar registró un fuerte avance desde su puesta en marcha en 2012, cuando se anunció para impulsar la actividad de la construcción y dar respuesta al déficit habitacional. El plan aprobó 102.000 créditos, de los cuales 67.000 fueron para edificar viviendas particulares y 35.000 para urbanizar tierras fiscales. A su vez, el año pasado se lanzó una tercera línea de financiamiento, para la adquisición de viviendas a estrenar. Este segmento de préstamos se pensó para potenciar los negocios inmobiliarios, que registraron un fuerte retroceso a partir de los controles en el mercado cambiario, desde octubre de 2011. La tendencia de argentinos a pactar contratos de propiedades en dólares generó un fuerte parate en la compraventa de inmuebles.
Uno de los desafíos centrales del Gobierno para continuar con este dinamismo del Pro.Cre.Ar es que las distorsiones de precios de la economía no desgasten el financiamiento para la construcción. Algunos productores de insumos difundidos, entre los que se destaca cemento, aplicaron una fuerte remarcación a partir de la devaluación de enero. Para frenar los abusos de estos formadores de precios, la apuesta del equipo económico fue acordar con corralones para establecer valores de referencia.
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