Producción: Tomás Lukin

Una ventana de oportunidad

Por Pablo Pellegrini * y Guillermo Anlló **

El mundo enfrenta una perspectiva de crecimiento demográfico y ascenso social masivo que pone en riesgo la sustentabilidad ecológica y el estilo de consumo occidental. Dichas proyecciones junto al creciente uso de biocombustibles y bioplásticos, vuelven los escenarios más temidos una realidad plausible con incipientes impactos comerciales (subas de precios, caídas en los stocks, ampliación de la frontera cultivable, etc.). En contrapartida, trae inéditas oportunidades para los países con capacidad de expandir su frontera agrícola.

La biotecnología es una revolución tecno-productiva que abre nuevos escenarios. Con ella se pueden diseñar plantas con características sumamente diversas, ya sea para obtener cultivos aptos para zonas áridas, resistentes al uso de herbicidas, con nuevos elementos nutricionales, o incluso como insumos para obtener productos industriales. Si bien no es la única técnica biotecnológica, la transgénesis supone una revolución en sí misma, pues abre la posibilidad de introducir en una planta un gen que era propio de otra especie; modifica cualitativamente los márgenes de intervención en la naturaleza, a la vez que garantiza un resultado mucho más específico que el obtenido por otras técnicas de manipulación biológica.

En el país existen trayectorias científicas consolidadas en cuanto al desarrollo de plantas transgénicas. Investigadores del sistema público fueron pioneros en Sudamérica en obtener plantas transgénicas en condiciones de laboratorio; desde hace casi 25 años, las capacidades locales de I+D se vienen multiplicando. En paralelo, Argentina también es pionera en materia de regulación de la biotecnología agrícola a través de un sistema de control de la inocuidad alimentaria y ambiental de estos cultivos.

En 1996, Argentina aprobó y adoptó el uso de cultivos transgénicos. Hoy, la mayor parte del maíz, soja y algodón implantados son de tipo transgénico. Estos, junto a la siembra directa, el desarrollo de nuevas variedades y determinados agroquímicos, conformaron un paquete tecnológico. El aumento de la productividad derivado del uso de este nuevo paquete les ha permitido a los productores que la emplearon atender el incremento de la demanda mundial y acumular ganancias, a la vez que implicó un incremento en la riqueza de la economía. El Estado obtuvo una parte vía recaudación impositiva, lo que contribuyó a sostener los distintos programas de inclusión social que implementa.

No todos los productores pueden acceder a este tipo de tecnología, lo que amerita políticas dirigidas a brindarles opciones. Además, existen serios problemas relacionados con la producción agrícola actual (poblaciones fumigadas con agroquímicos, deforestaciones para ampliar zonas de cultivos, vulnerabilidad de cultivos con menor interés comercial, problemas de títulos de propiedad, etc.) que requieren mayores esfuerzos para su solución. Si bien éstos no tienen una relación unívoca con el hecho de que los cultivos sean transgénicos, hay muchos actores sociales que plantean que todo forma parte de lo mismo, lo que termina entorpeciendo el debate sobre las posibilidades de la biotecnología agrícola local (algo similar a plantear que la emisión de gases contaminantes de muchos colectivos o los accidentes de tránsito –problemas reales y muy atendibles– se derivan mecánicamente del uso del petróleo, por lo que entonces sería negativo sostener políticas dirigidas a aumentar su producción local...).

Ahora bien, en la carrera tecnológica por el desarrollo de nuevos cultivos transgénicos, las grandes transnacionales son los actores dominantes. Las semillas transgénicas que circulan en el mercado llevan transgenes patentados por dichas empresas, lo que limita los márgenes de apropiación social de los beneficios de los transgénicos, entre otras razones, porque sólo innovan en transgenes que puedan tener una aplicación comercial amplia y las rentas tecnológicas asociadas se radican en sus casas centrales.

¿Qué oportunidades y desafíos se presentan para la Argentina en este escenario? El país tiene muchas capacidades locales para innovar en el sector. Si dispusiera de mayores esfuerzos para valorizar los desarrollos del sector público, estimulara la iniciativa privada local, introdujera cambios en el sistema regulatorio para depender menos de una lógica global –los elevados costos que implica atravesar el sistema regulatorio y la escasa presencia de emprendedores locales dispuestos a innovar en la materia, hacen que la mayoría de los desarrollos no lleguen al mercado— y afianzara vínculos con otros actores regionales de peso (sobre todo, Brasil), bien podría aprovecharse la tecnología de los transgénicos para disminuir la dependencia de las transnacionales y aumentar el desarrollo con inclusión social.

* Investigador del Conicet/UNQ.

** Investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, FCE-UBA.

Costos y beneficios

Por Anabel Marín, Valeria Arza, Patrick van Zwanenberg y Mariano Fressoli *

La investigación y el desarrollo (I+D) en transgénicos constituye una de las prioridades de la agenda de ciencia y tecnología local. Existieron importantes inversiones públicas en el desarrollo de capacidades relacionadas con la ingeniería genética. Además, los sistemas regulatorios, en particular la propiedad intelectual, claramente favorecen los desarrollos transgénicos por sobre otro tipo de desarrollos. Tres tipos de argumentos son utilizados para justificar este apoyo y pedir incluso más soporte desde el Estado: 1) que la transgénesis ha sido muy importante en la explicación de los aumentos de productividad en la agricultura argentina. 2) que la transgénesis, en comparación con otras técnicas de mejoramiento de semillas, representa un salto cualitativo que la convierte en la tecnología del futuro, 3) que la transgénesis podría entregar aún más beneficios sociales si ésta se gestionara y controlara desde el Estado, ya que podría satisfacer demandas sociales amplias (como, resistencia a pestes locales), no atendidas por la inversión privada.

En general, los múltiples costos que han sido atribuidos a la difusión de transgénicos y su paquete de tecnologías asociadas, se ignoran, o se argumenta que si el Estado asumiera un rol más activo, podrían ser compensados por los amplios beneficios económicos que se le atribuyen. Estos argumentos tienen varios problemas.

Primero, no hay evidencia conclusiva, ni en Argentina ni en el exterior, que indique que existe una asociación positiva entre la introducción de transgénicos y el rendimiento de la tierra. Es clara la asociación entre transgénicos y rentabilidad privada –vía reducción en los costos de los pesticidas y herbicidas—, pero no lo es la asociación entre transgénicos y rendimiento por hectárea–, la cual sí se ha encontrado más claramente asociada a mejoras introducidas con otras tecnologías de mejoramiento vegetal, como el cruzamiento clásico (asistido por biología molecular) y la mutagénesis. Nos preguntamos entonces, ¿por qué el desequilibrio a favor de la transgénesis cuando son los aumentos en el rendimiento de la tierra los que representan mejoras de mayor valor social, en la medida que son permanentes?

Segundo, dado que por el momento son pocos los eventos transgénicos disponibles en el mercado, en gran parte la evaluación del posible desempeño e importancia de la tecnología a futuro depende de las expectativas, pero éstas difieren significativamente según el tipo de actor. ¿Sobre la base de las expectativas de quiénes debería ser financiada la inversión en transgénesis? Porque para algunos actores esta tecnología representa un cambio radical en el mejoramiento vegetal (y animal) ya que permitiría ampliar hacia otras especies el pool genético que puede utilizarse en el mejoramiento. Mientras que para otros actores, los desarrollos en transgénicos amenazan la diversidad genética y económica, podrían generar efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente difíciles de predecir, contaminan los cultivos no transgénicos e inducen a una mayor concentración productiva.

Tercero, resulta ingenuo pensar que se puede separar la “tecnología” de las instituciones que han contribuido a su desarrollo y difusión. El desarrollo de los transgénicos respondió a las estrategias de las empresas multinacionales (EMs) de generar desarrollos que les permitieran apropiarse del conocimiento, creado por ellas y por otros actores. Los marcos regulatorios internacionales que ellas mismas promueven les son funcionales a ese objetivo. En verdad sólo estados muy poderosos, de la envergadura de China han logrado algunos desarrollos en transgénicos que responden a sus necesidades locales negociando de igual a igual con las EMs. ¿Es posible pensar nuevas estrategias de investigación con un rol más preponderante del Estado, sin modificaciones profundas en los sistemas regulatorios globales (ej. de bioseguridad y derechos de propiedad) que contrabalanceen el poder de las EMs?

Finalmente, no es claro que cualquier costo que se genere por la tecnología pueda ser compensado, ya que la mayor parte de estos costos, como los que se podrían generar sobre la biodiversidad, ambiental, productiva y tecnológica, son irreversibles. Además, dado el rol dominante que tienen los transgénicos en la agenda de I+D actual, hay muchos otros costos potenciales que no se conocen porque no se ha generado información científica suficiente ni se ha buscado validar información disponible producida por otros actores de la sociedad.

Es importante repensar la política de I+D en biotecnología agrícola y equilibrar los sistemas de apoyo y las regulaciones asociadas de manera tal de asegurar la diversidad tecnológica y promover el desarrollo autónomo del país. Sólo a partir de la democratización del debate y la apertura de la agenda de I+D en biotecnología se pueden alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable.

* Centro Steps para América latina.