Con la sanción definitiva del presupuesto provincial 2013 y la sesión de acuerdos por la designación de cinco camaristas, el Senado provincial cierra su año legislativo. Pero, de cara a 2013, el principal pedido del gobernador Francisco Paco Pérez es la militancia del proyecto de reforma de la Constitución.

Tanto Leonardo Giacomelli, presidente de Legislación y Asuntos Constitucionales, como Fernando Simón, vicepresidente de Reforma del Estado, las dos comisiones en las que la iniciativa del mandatario se había comenzado a trabajar y quedó pospuesta por las urgencias de fin de año, dijeron que comenzarán a definir una nueva agenda de trabajo. Ésta comenzará en febrero y los senadores justicialistas deberán dedicarse a ella a full.

La principal consigna es informar acerca de los contenidos de la reforma y no limitarla solamente al aspecto de la reelección.

Los que siguen son los ejes del intento de reforma constitucional que impulsa la gestión del gobernador Pérez.

El menú reformista

Es difícil hablar de reforma y no caer en el tema de la reelección. Pero lo cierto es que la iniciativa oficial tiene 95 fojas en las que se tratan temas tan diversos como los derechos de las minorías, pueblos originarios, usuarios y consumidores, salud sexual y reproductiva, medio ambiente y hasta el respeto por la libre elección de la identidad sexual.

En diálogo con UNO, el senador Simón dio un panorama general de la iniciativa.

En la primera sección del proyecto se intenta dar rango constitucional a los derechos humanos. El proyecto los justifica destacando que han sido fruto de la evolución sociocultural.

Éstos comprenden los llamados “derechos personalísimos” (a la identidad de origen y de género), la no discriminación, la sociedad pluralista, inclusión social, los derechos de las minorías y grupos socialmente vulnerables (pueblos originarios, ancianos, mujeres, jóvenes y niños). La democracia participativa, la universalización de beneficios sociales, el principio de seguridad humana, el derecho al medio ambiente, los derechos de usuarios y consumidores, y la responsabilidad solidaria.

La reforma contempla como valores fundamentales la democracia, la igualdad, los derechos colectivos y la participación ciudadana, entre otros.

Si bien todos estos valores son importantes, el texto hace especial hincapié en el principio de igualdad. En este sentido, el proyecto busca un equilibrio entre aspectos muy disímiles, como la igualdad tributaria, política y de género.

En este último punto, reconoce a la mujer sin excepción el derecho a la igualdad de status jurídico, político, civil, económico, social, laboral y cultural en relación con los hombres. Esto implica que el Estado adopte medidas a favor de las mujeres, garantizándoles el acceso real y efectivo a las mismas oportunidades que los varones.

El proyecto establece como obligación estatal la protección de la mujer en distintas circunstancias de vulnerabilidad: único sostén del hogar, embarazadas (niñas y adolescentes) y las víctimas de la violencia de género y la trata de personas. Además, sostiene en otro capítulo el reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. Aunque no menciona específicamente la inclusión de un protocolo de aborto no punible, probablemente éste deba de tenerse en cuenta en este apartado.

También menciona los derechos de los adultos mayores, de los niños y jóvenes, comprometiendo al Estado a brindar todas las condiciones y prever los medios útiles para atender íntegramente tanto aspectos materiales como espirituales a estos sectores.

Sobre los derechos de los trabajadores, la reforma sostiene la protección integral del trabajo –esto es, igual remuneración por igual tarea–, estabilidad laboral, los límites a la carga temporal (jornada limitada, descanso semanal y vacaciones pagas), retribución justa, capacitación profesional y condiciones de trabajo humanas (incluyendo el cuidado de la higiene y la seguridad).

En el proyecto de reforma se le da rango constitucional al derecho a la autodeterminación personal, incluyendo la diversidad y autonomía sexual, que le reconoce a toda persona la posibilidad de ejercer su libertad y orientación sexual sin discriminación; esto es considerado un eslabón fundamental en la construcción de la dignidad humana.

Sobre los pueblos originarios, la iniciativa de cambio de la Carta Magna propone el reconocimiento y la reivindicación de los pueblos indígenas, la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y la garantía por el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

También hace referencia al derecho a una vivienda digna, al acceso a información sobre cuestiones genéticas y de identidad, y a la libertad de información, comunicación y creación.

La propuesta oficial incluye derechos no tenidos en cuenta en la actual Carta Magna por una cuestión de actualidad. Por ejemplo, los relacionados con lo que les corresponde a los usuarios y consumidores. Lo que dice es que el Estado debe cumplir su función reguladora en la relación entre ciudadanos y mercado, a fin de que éstos sean escuchados, informados y respetados, y reciban una respuesta o solución a sus problemas.