El fallo judicial de Tucumán por el caso Marita Verón, que absolvió a todos los acusados por trata de personas, pone sobre el tapete la complejidad del tema. Detrás de esta práctica de explotación sexual y laboral se esconden alianzas comerciales, policiales, políticas y con la Justicia.

Mendoza no es ajena a la trata de personas y los mendocinos, en muchos casos, miramos hacia otro lado ante esta práctica; otros son los “consumidores” o “clientes”.

En lo que va del año se han detectado seis de estas redes y de ellas se logró rescatar a más de 110 personas mayores de edad –a ellas habría que sumar a niños y adolescentes que son sometidos junto con sus padres– que eran víctimas de la trata de explotación laboral y sexual.

El Valle de Uco parece ser el lugar donde está la célula madre de las organizaciones de trata, puesto que la mayoría de las personas fueron rescatadas en Tunuyán y Tupungato aunque también en el Este y Sur provincial.

La investigación de una organización social que funciona en ese departamento del Valle de Uco rompió con el temeroso silencio de quienes sabían que en la zona de Villa Bastías se prostituía a menores de edad, que eran obligadas a prestar servicios sexuales en un viejo colectivo abandonado en una finca a cambio de unos pocos pesos. El caso salió a la luz a mediados de abril, cuando un sacerdote del lugar se animó a llevarlo a Justicia.

Días más tarde, uno de esos rescatistas, acompañado de personal de Policía Aeroportuaria, llegó hasta esa finca y rescató a una mujer de 36 años y madre de 5 hijos.

Esa es una de los 6 organizaciones delictivas que se han detectado en la provincia en lo que va del año, de las cuales 5 ya fueron denunciadas ante la Justicia: dos por explotación sexual y las restantes por sometimiento laboral.

De ellas se rescató a más de 100 personas, en su mayoría provenientes de Bolivia y del Norte del país, que vivían en condiciones infrahumanas junto con sus hijos. Esta cantidad de rescates no es menor si se tiene en cuenta que en todo el país desde el 2008, cuando se sancionó la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, se han rescatado en total 2.700, según los datos que brindó la Ufase (Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas).

En noviembre, 11 jóvenes, entre las que había menores de edad, que eran obligadas a ejercer la prostitución fueron liberadas tras un operativo judicial y policial Tunuyán.

“Trabajaban” en whiskerías y cabarets que fueron allanados tras la denuncia de una mujer que pudo escapar de una red de trata de personas.

"Ellas fueron halladas viviendo en condiciones de semi-esclavitud, hacinadas en habitaciones, sin contacto con nadie y sin poder tener celulares, con sus DNI retenidos por los proxenetas bajo permanente amenaza", agregaron las fuentes.

Los investigadores también incautaron "libros de administración y de contabilidad en los locales allanados, celulares, teléfonos fijos, artificios de uso sexual y un automóvil que tenía pedido de secuestro".