El Gobierno acordó ayer con el Banco Mundial un programa de créditos por 3000 millones de dólares a desembolsar entre el próximo año y 2016. El entendimiento debe ser ratificado en diciembre por el directorio del organismo y de ahí en más se irán aprobando préstamos puntuales para planes específicos. El giro de los fondos sería de 1000 millones por año, aunque dependerá de la velocidad de ejecución de esas medidas. El anuncio lo hicieron de manera conjunta el Ministerio de Economía y el BM luego de una reunión en Washington de Hernán Lorenzino con el presidente de la entidad, Jim Yong Kin, y con el vicepresidente, Hasan Tuluy. El financiamiento será utilizado para mejorar los servicios de salud y educación, para la Asignación Universal por Hijo y para inversiones en infraestructura en materia rural. Más allá de eso, para el Gobierno implica acceder a una fuente de divisas en un contexto de presiones sobre las reservas del Banco Central. También habilita eventuales créditos a empresas argentinas por parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo para el sector privado del BM, y marca un camino de búsqueda de dólares para el Estado por distintas vías.

Como escribió este diario la semana pasada, la estrategia que viene desplegando con paciencia el Ministerio de Economía intenta abrir canales de financiamiento en moneda dura. Esos dólares son necesarios para atender los desafíos del frente externo, que obliga al Estado a disponer de divisas para pagar la deuda pública, afrontar las crecientes importaciones de energía y abastecer la demanda de turistas argentinos que viajan al exterior, entre otros fines. Una de las vías para hacerse de esos dólares –más allá de los ingresos por exportaciones– son los créditos de los organismos internacionales, como el BM, el BID y la CAF. Otra veta es la promoción de inversiones de empresas extranjeras en el país y, en este caso, se apunta especialmente al área de energía e hidrocarburos, como el acuerdo de YPF con Chevron por Vaca Muerta.

Tanto en un caso como en el otro, el Gobierno se muestra dispuesto a encarar negociaciones que faciliten los objetivos. Lorenzino avanzó en algunas de ellas en sus viajes de los últimos dos meses a la capital de Estados Unidos y en su estadía actual en esa ciudad. Un frente que busca cerrar es con el FMI por la calidad de las estadísticas del Indec. La expectativa oficial es que la implementación del nuevo índice de precios al consumidor a nivel nacional –que se elabora con la colaboración del propio organismo– desactive las amenazas de sanciones que había lanzado el Fondo Monetario el verano pasado. La otra negociación fundamental es por los juicios que la Argentina perdió en el Ciadi, pero todavía no pagó.

En este último caso trascendió de fuentes oficiales y del sector privado que el Gobierno acordó ayer con cinco empresas el pago de esas sentencias por unos 460 millones de dólares. La liquidación sería con quitas de capital e intereses y mediante la entrega de títulos públicos, el Bonar 2017 y el Boden 2015. A su vez, las compañías se comprometerían a reinvertir en el país un porcentaje de la deuda cancelada. La Argentina perdió dos de esos juicios en el Ciadi con las empresas Azurix –ex concesionaria del servicio de agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires hasta 2002, cuando se le rescindió el contrato por graves incumplimientos en el servicio– y con Blue Ridge –que compró el juicio que había iniciado antes CMS, accionista en TGN– y estaba muy cerca de recibir laudos definitivos en contra también en el Ciadi en los casos promovidos por Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company (ver nota aparte).

El Ciadi es el tribunal del Banco Mundial que dirime controversias entre países y empresas extranjeras, cuya competencia fue aceptada por la Argentina bajo el gobierno de Carlos Menem. Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández rechazaron todos estos años pagar aquellos fallos en contra con el argumento de que las empresas también debían iniciar juicios de ejecución en tribunales argentinos. Las compañías nunca lo aceptaron. El cortocircuito tuvo como derivación el enfriamiento en la relación entre el Gobierno con el Banco Mundial. Ahora que se vuelve a activar ese vínculo, el Ministerio de Economía avanzó en el acuerdo con las empresas descripto anteriormente, con quitas y pagos en bonos.

Ayer al mediodía trascendió que el arreglo con las cinco compañías sería anunciado un rato más tarde, pero finalmente no hubo ninguna comunicación oficial. Se había llegado incluso a convocar a una conferencia de prensa conjunta de Amado Boudou y Lorenzino, por teleconferencia, pero se suspendió por problemas técnicos.

Más allá de cuándo se anuncie el entendimiento, el punto es que el Gobierno está buscando alternativas de financiamiento y para eso necesita cerrar focos de conflicto. Directivos del FMI le sugirieron a Lorenzino que el país vuelva a aceptar las auditorías anuales de la economía como marca el artículo IV del estatuto del organismo, y que Argentina rechaza desde 2006, cuando le pagó al Fondo el total de la deuda. También se menciona una eventual negociación con el Club de París para superar el default que arrastra desde 2002. En este caso, sería para promover la llegada de inversiones privadas al país. Todos esos pasos también facilitarían las cosas con el Banco Mundial, cuyo directorio está dominado por Estados Unidos y Europa y hace más de un año que se muestra reticente a aceitar nuevos préstamos al país. El acuerdo que se anunció ayer empezaría a marcar un cambio de rumbo en esa relación.