Por Sebastian Abrevaya

Tras un extenso debate, el Senado convirtió en ley la reforma del Consejo de la Magistratura, uno de los proyectos más importantes de los seis que integran el paquete de medidas para la “democratización” del Poder Judicial anunciado por el Poder Ejecutivo. Por 38 votos a favor y 30 en contra, el Frente para la Victoria y cinco aliados aprobaron las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados hace dos semanas. El texto establece la elección popular de 12 de los consejeros y amplía el número de miembros de 13 a 19, entre otras cosas. Luego de la votación, el Senado también aprobó anoche los proyectos de acceso a las declaraciones juradas, publicación de las decisiones de la Corte Suprema y el ingreso igualitario al Poder Judicial, que sufrió modificaciones y volverá a Diputados. La UCR, el FAP y el peronismo disidente se manifestaron en contra de las iniciativas.

En un Congreso con un fuerte operativo de seguridad, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, inició el debate cerca de las tres de la tarde con una defensa de la elección mediante el voto popular de los nuevos consejeros. “En lugar de ser electos por una asociación de magistrados, que no tiene rango constitucional, las fuentes del mandato de los consejeros es el padrón electoral”, detalló Fuentes. A partir de esta ley, los tres representantes de los magistrados, así como los tres abogados y los seis académicos serán electos por todos los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones nacionales. Hasta ahora, los diferentes estamentos se elegían entre sus propios miembros. Los siete restantes también tendrán respaldo en la voluntad popular, ya que se trata de un miembro designado por el Poder Ejecutivo y seis miembros del Poder Legislativo (tres senadores y tres diputados). Según Fuentes, la reforma apunta a “arreglar el profundo déficit de democratización” existente en la Justicia.

Desde la oposición, en cambio, ratificaron sus vaticinios anteriores. La peronista disidente Sonia Escudero consideró que con la reforma se “pulveriza la división de poderes en la Argentina, el sistema republicano de gobierno, y se afecta la garantía constitucional del juez imparcial consagrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales que el país firmó”. Para el socialista Rubén Giustiniani, esta iniciativa “contradice el sistema de balance y equilibrio de poderes” y “termina con la independencia de la Justicia”. “Quieren domar el último bastión independiente. La verdadera intención es ir por el Consejo de la Magistratura para destituir a los jueces críticos. Si el Gobierno hubiera tenido una Corte adicta como en los ’90 no existiría tal ‘democratización’”, sumó el radical Ernesto Sanz.

Con una convocatoria a “desdramatizar” el tema, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, respondió que “los tribunales van a seguir funcionando, no va a haber ningún tipo de situación anómala, nadie va a poder controlar a los jueces y van a seguir funcionando con independencia y autonomía”.

A través del senador Aníbal Fernández, el oficialismo hizo especial hincapié en retrucar los cuestionamientos de la relatora para la independencia de los magistrados de Naciones Unidas, Gabriela Knaul. Después de enrostrarle el incumplimiento de los códigos de procedimientos de la ONU, Fernández consideró que la relatora “no sólo refleja prejuzgamiento, sino que además nunca consideró las explicaciones vertidas por argentina”.

Los senadores opositores insistieron que la modificación de las mayorías necesarias para seleccionar magistrados y para iniciar la acusación funcionarán como una forma de presión y condicionamiento de los jueces. “¿Si para dictar esta ley necesitamos mayoría absoluta, por qué para remover un juez se necesitan dos tercios?”, preguntó Miguel Pichetto, quien además aclaró que para la destitución del juez se mantiene el número de dos tercios y que con mayoría absoluta sólo se puede iniciar la acusación pero no removerlo.

Una de las dos modificaciones ingresadas en Diputados fue motivo de una fuerte controversia en el Senado. Se trata de un requisito para poder pegar la boleta de las candidaturas a consejeros con el resto de las candidaturas a legisladores nacionales. Según la ley, para adherir la boleta de los consejeros es necesario que el frente electoral tenga la misma denominación en al menos 18 distritos. “Acá están creando una categoría electoral nueva, que cambia la ley y el Código Electoral y lo está haciendo una sola fuerza política a su sola conveniencia y disposición”, se quejó el socialista Rubén Giustiniani, que con este criterio el Frente Progresista Cívico y Social que lidera el socialismo en Santa Fe no podrá pegar su lista de candidatos. “Van a dictar una ley que tiene una tacha enorme: es una ley proscriptiva”, bramó el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá.

El senador Fuentes, miembro informante del oficialismo, explicó que no hay proscripción, sino que en los casos en que los frentes electorales no tengan la misma denominación en los 18 distritos, los partidos nacionales (con personería en cinco distritos) podrán llevar sus candidatos a consejeros, pero en una boleta separada. También respondió a las críticas Pichetto, quien remarcó la necesidad de “consolidar” los partidos políticos. “No hay ninguna actitud proscriptiva. La mayoría pueden presentar lista. La boleta llevará el nombre del partido. Por si no lo saben, los vehículos centrales de la democracia son los partidos. Sin partidos, no hay democracia”, expresó el senador por Río Negro, que le dedicó una chicana a los dirigentes sindicales Hugo Moyano y Gerónimo “Momo” Venegas. “Hemos visto cómo algunos dirigentes sindicales han armado un partido político. Este es un sistema electoral alegre. En un kiosco se juntan cuatro y arman un partido político. O lo compran en un supermercado”, lanzó Pichetto.

La segunda modificación al proyecto original presentado por el Ejecutivo fue por pedido del presidente de Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, mediante una carta enviada a Diputados. De esta manera, el máximo tribunal retuvo el manejo de los recursos, a contramano de lo que establecía el artículo 114 de la Constitución nacional, que expresamente otorga esas facultades al Consejo de la Magistratura.

Finalmente, el resultado de la votación fue casi el mismo que en la media sanción original del Senado. El voto faltante pertenece al neuquino Horacio Lores, ausente en la sesión, igual que en la oposición faltó el de María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica.

Luego de esta votación, en un trámite más rápido, el Senado también convirtió en ley los proyectos de acceso a las declaraciones juradas (por 42 a 23 votos) y la publicación de las decisiones de la Corte Suprema (por 44 a 21). Finalmente, con 44 votos, se aprobó el ingreso igualitario al Poder Judicial, que sufrió modificaciones y volverá a Diputados.