El Congreso aprobó una ley que modifica en uno de sus puntos fundamentales la cuestionada Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem. Respondiendo a una vieja demanda de estudiantes y docentes, el Senado dio en la sesión del miércoles pasado la media sanción que faltaba para convertir en ley el proyecto de Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece taxativamente la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta. “Esta ley saca el ladrillo principal de la construcción de la ley del 95”, dijo a Página/12 la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós, autora del proyecto. No obstante, aclaró que esta reforma no suple la necesidad de elaborar una nueva norma que reemplace íntegramente a la existente.

Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la norma establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”, términos que no aparecían en el texto anterior, en el que, según sostienen desde los 90 diversos sectores universitarios, subyacen lineamientos mercantilizadores dictados por los organismos financieros internacionales. La ley reformada explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad por razones personales o de origen social y hace cargo al Estado de garantizar ese derecho.

El bis introducido en el artículo 2 establece, entre otras cosas, “la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos”. En este sentido, la diputada Puiggrós señaló que cuando se reglamente la ley se deberán establecer los pasos a seguir para la eliminación de los distintos tipos de cuotas que ya existen en algunas universidades nacionales.

La ley también instala que la responsabilidad del Estado sobre la educación superior implica crear mecanismos de integración con el resto del sistema educativo y con otras casas de altos estudios latinoamericanas, e insta al Estado a “promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. En otro orden de cosas, la nueva norma también establece que la Auditoría General de la Nación disponga de una sección especial dedicada a las universidades, que pueda dar cuenta de las particularidades de la administración universitaria, que no se corresponde con la de otros organismos públicos.

La autora del proyecto indicó que las universidades no podrán alegar su autonomía para eludir esta ley, ya que “la autonomía universitaria no quiere decir que las universidades sean extraterritoriales, sino que están bajo la Ley Nacional de Educación y bajo la Constitución Nacional”.

En la sesión del Senado, la norma fue respaldada en general por todas las bancadas. Sin embargo, al discutirse en particular, desde el radicalismo y el peronismo disidente pidieron la modificación de una expresión en el artículo 2 por entender que su redacción dejaba abierta cierta injerencia del Poder Ejecutivo sobre la autonomía universitaria. Desde el oficialismo no se aceptó la modificación, alegando que si el proyecto volvía a Diputados y no se aprobaba en esa sesión perdía estado parlamentario.

Puiggrós señaló que la senadora del PRO Gabriela Michetti había avisado una semana antes que su partido votaría en contra. Michetti se retiró de la sesión al momento de votar y –según dijo la diputada del FpV– los miembros restantes de su bancada “se disfrazaron como se disfraza Mauricio Macri de nacional popular, de peronista, se quedaron en el recinto y no tuvieron otra que votar a favor, porque hubiera sido un escándalo”.

El macrismo sí votó en contra de la iniciativa cuando fue tratada en la Cámara de Diputados, en 2013. Los legisladores Federico Pinedo y Eduardo Amadeo (entonces en el Frente el Peronista, hoy en Cambiemos) se opusieron, este último con “un discurso que es una pieza maestra del neoliberalismo”, señaló Puiggrós. Según consta en la versión taquigráfica, en aquella ocasión Amadeo dijo que en la universidad pública argentina “hay invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada” y que, por tanto, “la universidad pública poco a poco va perdiendo su característica de integradora social”, además de ser “ineficiente”. Siguiendo ese razonamiento, se preguntó: “¿Les vamos a seguir regalando la educación?”.

El proyecto recién aprobado tuvo un largo derrotero dentro del Congreso y estaba en el temario del Senado con anterioridad al día en que fue tratado. En este sentido, Puiggrós señaló que su sanción no responde a una lógica electoral “oportunista”, aunque sí podría evaluarse “oportuna”.

Si bien consideró que es la primera vez que se logra “perforar” la LES menemista, afectando sus “puntos neurálgicos”, la especialista en educación señaló que esto no excluye la necesidad de crear una nueva ley, que contemple “un verdadero sistema universitario, acorde a la nueva generación de estudiantes, con una mirada nacional, popular democrática y no neoliberal”.

Para la diputada, el proyecto votado anteayer transparenta “una voluntad de la sociedad” y advierte que la gratuidad universitaria es un tema que “importa y preocupa”. En ese sentido, celebró que ahora sea ley, porque hace mucho más difícil cualquier intento de volver atrás sobre este derecho.

Informe: Delfina Torres Cabreros.