La Legislatura aprobó la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor provincial para que el Ejecutivo pueda delegar en los municipios el cumplimiento de esa norma. La iniciativa propicia, además, la instalación de oficinas o centros de resolución de conflictos en cada departamento. Por el momento, sólo Luján cuenta con una dependencia de estas características, pero su funcionamiento se basa en la “autonomía municipal” y no en una derivación por parte de la provincia.

La normativa, cuya autora es la senadora Ana Coppoletta (UCR), incorpora a la Ley 5547 el artículo 48 bis, que señala que el Gobierno provincial “podrá delegar en los gobiernos municipales la facultad de actuar como autoridades de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia en el cumplimiento de (la) presente ley, de sus normas reglamentarias y demás normas protectoras del consumidor o usuario, respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción, al solo efecto conciliatorio, organizando la instalación de oficinas públicas o centros de resolución de conflictos”.

Entre los objetivos de las oficinas a instalar se incluye la recepción de denuncias y la celebración de audiencias de conciliación, para, entre otras cosas, “resolver los diferendos con mayor celeridad, gratuidad y con el menor desgaste emocional”, para “propender a la búsqueda de la pacificación de la comunidad y disminución de los índices de violencia”, para “dotar al consumidor del asesoramiento y debida información, a través de la realización de talleres y cursos de capacitación, a fin de exaltar su espíritu crítico, racional y madurez para actuar con éxito en las relaciones de consumo” y para “fomentar la constitución y funcionamiento de las asociaciones de consumo”. En tanto, se aclara que la capacitación técnico-jurídica del personal deberá ser suministrada por Defensa del Consumidor de la Provincia.

Marta Rizzo, la ex Prodelco

Mirando el mapa del Gran Mendoza se concluye que la Municipalidad de Luján es la única que tiene hoy por hoy ese servicio.

En Las Heras funciona una pequeña asesoría dependiente de la Dirección de Inspección que atiende todas las mañanas en el edificio municipal (teléfono 4129643) y en Maipú se informó que los reclamos que entran por el 0800-222-8030 vinculados con el tema son redireccionados a Defensa del Consumidor de la Provincia. Por su parte, Capital y Godoy Cruz señalaron que no tienen oficinas de este tipo y si bien se consultó a Guaymallén para obtener información oficial, Diario UNO nunca recibió respuesta, aunque se sabe que han abierto recientemente una casa en la lateral del Acceso Este, cerca del Mendoza Plaza Shopping, para responder a las necesidades del cuerpo de inspectores que trabaja en el control de los precios congelados.

“Hace 7 años que estoy al frente de esta oficina, que nació dentro de la autonomía municipal y no como fruto de un convenio con Defensa del Consumidor”, aclaró Marta Rizzo, directora de Defensa del Consumidor de Luján.

La ex Prodelco destacó que el 80% de los casos que se reciben allí se resuelve de manera favorable y que el resto, cuando ya está en instancias sancionatorias (colocación de multas), se deriva a la Provincia. “Tenemos independencia para resolver y personal capacitado, y hemos trabajado tanto con los comerciantes de Luján que por ahí se arreglan las cosas sólo con la mediación, con una llamada por teléfono. El de la zapatería, cuando sale del negocio, es un consumidor más que también debe ser protegido. Los comerciantes de Luján lo han entendido, entonces todos se preocupan por respetar los derechos”, aseguró.

Entre los reclamos más comunes, figuran al tope los vinculados con la telefonía, tanto fija como móvil, los contratos de adhesión a círculos cerrados para adquirir determinados bienes, problemas con los pagos de las tarjetas de crédito, situaciones relacionadas con los alquileres, con las ventas telefónicas y las compras realizadas por internet. La oficina funciona en Bustamante 311.