Antonella Calabró se desesperó cuando vio que su hijo Valentino, en ese entonces, de 6 años, presentaba los síntomas debut de una diabetes tipo 1 (insulinodependiente) pero sin saber de qué se trataba: sed intensa, pérdida de peso intensa, orina permanente y hambre voraz. “Para mí, fue muy fuerte. Hay mucha desinformación sobre la diabetes y no sabíamos de qué se trataba al principio. Valentino, quien hoy tiene 7 años, cayó en terapia intermedia, pero otros chicos han llegado a un coma diabético, con todas las consecuencias que eso implica. Mi obra social no cubría los costos del tratamiento y no podíamos pagarlo. Ahí empezó la lucha”, explicó a El Sol Antonella, sanrafaelina, madre de dos chicos y piedra fundamental para hacer realidad la modificación de la ley nacional 23.753 de Protección a la Persona con Diabetes, en el Congreso nacional.

La mujer, ante la falta de respuestas desde el ámbito de salud pública y privada local, subió una foto suya a su cuenta de Facebook e instó a amigos, familiares y a diferentes ONG que se dedican al tema, a comenzar una campaña viral para modificar la ley vigente que tiene 25 años y que no exigía cobertura médica de la enfermedad.

La campaña terminó con 80 mil firmas virtuales y 7 mil fotos de diabéticos y no diabéticos que pedían un cambio en la legislación nacional con un cartel en la mano. La unión hace la fuerza y aquí se reflejó inmediatamente: por la presión social, en menos de un mes, el proyecto de ley que había propulsado hacía dos años el bloque de la UCR en el Senado, contó con el apoyo unánime del oficialismo.

La modificatoria, cuya autoría es del senador radical Ernesto Sanz, tuvo media sanción en el Senado de la Nación el 13 de noviembre y, el 28 del mismo mes, la propuesta se convirtió en ley en Diputados, tras un fuerte impulso de los radicales de esa Cámara, entre ellos, el también mendocino Enrique Vaquié. Por ambas cámaras fue aprobada por unanimidad.

Puntos clave de la nueva ley. ¿Qué implica el cambio de la ley vigente? Fundamentalmente, la cobertura total del diagnóstico y tratamiento de la diabetes –medicación e insumos– por parte de las obras sociales y prepagas nacionales. Además, deberán flexibilizar, cada dos años, la cobertura frente a cualquier descubrimiento científicos respecto de un nuevo medicamento o tratamiento. También se apunta a la educación en las escuelas sobre la enfermedad para generar conciencia e inclusión, ya que “la discriminación es fuerte en la infancia, porque no se conoce qué implicancia tiene”, asegura Calabró.

Para lograr su objetivo, la mendocina recurrió a una ayuda potente: la Nueva Asociación de Diabetes, con sede en Córdoba, que se hizo eco del reclamo en las redes sociales. Ella, junto con varias ONG de diabetes de todo el país, ayudaron al bloque opositor a realizar modificaciones del proyecto de Sanz, presentado, sin éxito, en el 2011.

Las personas con diabetes y sus familiares ahora esperan que el Ejecutivo nacional promulgue la nueva ley y la reglamente “lo antes posible”. De hecho, Calabró pidió ser veedora de ese proceso, junto con otras asociaciones que colaboran con la difusión de la enfermedad.

“Este fue un gran primer paso pero queremos que la ley no quede congelada, sino que necesitamos la voluntad política del oficialismo para que esta necesidad de muchos se haga realidad”, pidió Antonella.

El panorama local. Si bien Mendoza necesita adherir a la ley nacional para que, automáticamente, se modifique la vieja normativa, habrá que esperar recién a que comience el ciclo de sesiones ordinarias en mayo del 2014. Mientras tanto, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), que tiene más de 300 mil afiliados, cuenta con su propio Programa de Diabetes, a través del cual ya brinda cobertura total a las personas que dependen de la insulina para vivir.

Según datos oficiales, se estima que la provincia tiene unas 180 mil personas con diabetes, y que la mitad desconoce que la padece. Desde el Programa Provincial de Diabetes, que depende del Ministerio de Salud, se registró este año que hay, nada menos, 10 mil mendocinos con diabetes, que no tienen obra social y que dependen del apoyo del Estado: no sólo se asiste con insulina, sino también con sensores y tiras reactivas (para el control de glucosa), tanto en hospitales como en centros de salud. La Sociedad Argentina de Diabetes aseguró este año que la prevalencia anual va subiendo 3% cada año, debido a la mala alimentación y el sedentarismo de esta época, sobre todo, en los más pequeños.

Según la titular de ese programa, Estela Charparín, es fundamental hacer hincapié en la promoción y prevención de esta enfermedad crónica: “En las escuelas vemos que hay cada vez más obesidad infantil y más diabetes. Por eso, más allá de la asistencia a los hospitales y centros de salud, apuntamos a concientizar a la población porque, si no, seguiremos poniendo más medicamentos porque habrá más enfermos”, indicó la profesional.

El Programa de Diabetes tiene un presupuesto anual de no más de 1.200.000 que se considera “escaso” debido a la creciente demanda. Charparín aseguró que la sanción de la nueva ley puede ser “beneficiosa”, ya que el respaldo económico se diversificará si las obras sociales y prepagas comienzan a absorber este costo.