Con 135 votos a favor, que reunieron el kirchnerismo y sus aliados, y 95 en contra, que aglutinaron a todas las bancadas opositoras, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reglamentación del per saltum. La nueva legislación incorpora al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dos artículos que establecen que el recurso extraordinario por salto de instancia de un tribunal inferior para recurrir ante la Corte Suprema sólo estará habilitado en las “causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional” y cuya solicitud deberá ser previamente aceptada por los cortesanos. Todo el debate estuvo cruzado por la posibilidad de que el Gobierno recurra al per saltum para destrabar la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, frenada desde hace tres años en un tribunal de primera instancia por una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín. El cierre del debate resumió las casi siete horas de discusión. El jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, fue el encargado de replicar los argumentos opositores. “Hemos escuchado cuestionamientos de todo tipo, pero fue difícil presentar argumentos en contra del proyecto”, arrancó Rossi, para luego enumerar las iniciativas similares presentadas por los bloques opositores que ayer se oponían al proyecto oficial. Una lista que incluyó al socialista Hermes Binner, Margarita Stolbizer, al peronismo disidente y al constitucionalista Enrique Vanossi, primero como diputado por la UCR y luego por el PRO.

“El 7 de diciembre no es una construcción arbitraria del poder político, sino de la Corte Suprema de Justicia, que dijo que la cautelar vencía”, contestó Rossi a los argumentos opositores de que la ley de per saltum es “un traje a medida en la pelea del Gobierno contra Clarín”. “Clarín no está detrás de la libertad de prensa y expresión. Defiende su posición hegemónica, su posición dominante. Ese poder lo está ejerciendo y lo utilizó en los últimos treinta años para condicionar, en distintos momentos, la democracia argentina”, completó para insistir que el oficialismo “no va a aceptar tutelajes extra poder”. “Queremos que se cumpla la ley, a la que tendrán que adecuarse todos los grupos económicos dueños de medios de comunicación”, sentenció.

El jefe de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, dedicó apenas “un poco” de su intervención al proyecto. “Creo que la ley no es inconstitucional. El Congreso tiene facultades y puede regular las competencias de la Corte”, sostuvo el ex camarista federal. Pero también acusó al Gobierno de “embestir contra la Justicia” y dijo que su actuación en el Consejo de la Magistratura en medio de la disputa con el Grupo Clarín “fue digno de una república bananera”. Antes, Gil Lavedra afirmó que “es falso que el 7D sea por la democracia y multiplicidad de voces. La aplicación de la ley es parcial y discriminatoria. Es el Ejecutivo el que la ha subvertido. El Gobierno busca una sola voz, la del oficialismo”.

“El per saltum fue traído a la discusión con fines oportunistas, al sólo efecto de saltear la instancia en una causa judicial que tiene nombre y apellido, lo que debilita aún más al sistema judicial que debiera tender a regular y fortalecer”, sostuvo Stolbizer (GEN-FAP) para también vincularlo con la disputa Gobierno-Clarín. “No estamos legislando para el bien general, sino en contra del Grupo Clarín, que hasta hace no mucho tiempo era amigo del Gobierno”, agregó Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica).

Para el juecista cordobés Ernesto Martínez “existe el riesgo de convertir a la Corte en una comisión especial”. El legislador apuntó así al “voto cantado” de la mayoría de los ministros de la Corte a favor del per saltum: “Reconozco la astucia del Gobierno para superar el entuerto con Clarín. Para esto el Gobierno hizo bien la Corte”, afirmó. La peronista disidente Graciela Camaño aseguró que la reglamentación propuesta por el oficialismo “es un apéndice de la ley de medios”.

La sesión se abrió cuando el oficialismo y sus aliados reunieron el quórum. Recién entonces los opositores bajaron al recinto. “El per saltum es un instrumento de defensa democrática”, aseguró la kirchnerista Diana Conti y expuso que el proyecto oficialista apunta a terminar con el “gobierno de los jueces” que “frenan la voluntad popular”. “Es lo que hicieron los jueces poderosos a través de la trucha Justicia cautelar paga”, agregó la diputada en referencia a la actuación judicial que frena su implementación de la ley de medios-