MONTEVIDEO.- Una firma del presidente José Mujica y de por lo menos uno de sus ministros alcanzará ahora para que Uruguay tenga una ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación: ayer, el Senado dio sanción definitiva al proyecto que se había aprobado en Diputados y está todo listo para su promulgación.

La reforma deja a Uruguay como el cuarto país de América latina en permitir el aborto, después de Cuba, Guyana y Puerto Rico.

Con 17 votos a favor y 14 en contra, el proyecto fue aprobado en el Senado y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Lo aprobaron todos los senadores del oficialista Frente Amplio (FA) y uno del opositor Partido Nacional (Blanco), que ganó la banca por la izquierda, pero que hace unos meses volvió con su viejo partido.

El tema divide en dos a la sociedad uruguaya, y eso quedó reflejado ayer en el Parlamento. Es más: aun cuando la reforma no tiene todavía el rango de ley, ya se anunció un recurso en su contra para que los uruguayos se expidan en un referéndum. Se trata de una campaña que anunciaron legisladores del Partido Nacional vinculados con la Iglesia Católica.

El diputado blanco Pablo Abdala dijo a LA NACION que hoy harán el lanzamiento del grupo que se encargará de recoger firmas para recurrir la ley. Precisan juntar unas 52.000 adhesiones para ir a una instancia en la que si el 25% del cuerpo electoral adhiere se podría convocar a un referéndum con voto obligatorio.

La despenalización del aborto generó nuevos problemas a la coalición de izquierda del Frente Amplio, en el gobierno desde 2005. Un proyecto más fuerte que el votado ayer en el Senado ya había logrado sortear el complejo camino legislativo en el período anterior, pero no se convirtió en ley porque cuando llegó al despacho de Tabaré Vázquez, el entonces presidente lo vetó.

Vázquez, médico oncólogo socialista y principal figura de la izquierda uruguaya, se sintió tan molesto con la decisión de su bancada parlamentaria y con el propio sector al que pertenecía que por aquel desencuentro decidió desafiliarse del Partido Socialista (PS). Fue un duro revés para el partido más viejo de la historia uruguaya. Y también para la senadora Mónica Xavier, que siendo del mismo PS era la que más había insistido para que se concretara la reforma.

Ayer, el fantasma de aquel episodio protagonizado por Tabaré Vázquez sobrevoló la Cámara de Senadores, cuando uno de los líderes de la oposición utilizó aquellos argumentos para oponerse a la reforma. El senador Pedro Bordaberry, precandidato presidencial del Partido Colorado, dijo que el proyecto es inconstitucional porque establece que los abortos serán gratuitos, dado que "establece que el acto médico será sin costo". Y precisó que "ningún prestador de salud se verá alcanzado por el mismo".

Bordaberry destacó que la inconstitucionalidad ya había sido planteada por Vázquez. "El camino no es terminar con una vida, sino ayudar a esa vida a salir adelante y a la madre a que la tenga", añadió.

Por su parte, la senadora oficialista Constanza Moreira opinó que "el derecho a la vida es inseparable del derecho a la libertad" y que "el aborto debe ser una política sanitaria obligatoria para todos los centros de salud". Tanto ella como sus compañeros de bancada reivindicaron el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo.

El proyecto establece que "la interrupción del embarazo no será penalizada" y que "no serán aplicables" los artículos del Código Penal referidos a ese tema "para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice antes de las 12 semanas de gravidez".

Dentro de ese plazo, "la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución" de salud para "poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción".

La mujer deberá exponer "situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que, a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso". En ese caso, el médico dispondrá dentro de las 24 horas "la consulta con el equipo interdisciplinario [...] integrado al menos por tres profesionales": un ginecólogo, otro con especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social.

Ese equipo "deberá informar a la mujer" sobre "los riesgos inherentes" al aborto y respecto de "las alternativas" a esa decisión, como "programas disponibles de apoyo social y económico", o "la posibilidad de dar su hijo en adopción".

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