Además de las modificaciones pendientes en el Código de Faltas y el protocolo, que aún no termina de confeccionarse, la Dirección General de Escuelas (DGE) ahora lanza una nueva medida que apunta a resolver con celeridad los casos de violencia en las escuelas: la creación de un cuerpo de asesores jurídicos.

La resolución –salió publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia– tiene como fin contratar a un grupo de abogados para que brinde atención a supervisores, directivos, personal docente y no docente de las instituciones en cada una de las delegaciones regionales de la DGE.

De esta forma, habrá un abogado por cada una de las delegaciones en el Sur, Norte, Centro, Este y Valle de Uco.

Además de acompañar en situaciones emergentes y urgentes a todo el plantel docente, el cuerpo de abogados capacitará a los directivos y hasta asistirá en la preparación de denuncias, sobre todo, en casos de maestros cuyos derechos hayan sido vulnerados.

La medida apuesta fuertemente a cubrir el bache que mostró el mes pasado el borrador del protocolo para casos de violencia escolar de la DGE y que fue criticado “por laxo” hacia el alumno o padre agresor, no sólo por el sindicato, sino también por especialistas en el tema y el sector docente.

Ya está designado el coordinador general de ese cuerpo asesor. Se trata del abogado Mariano Allende, quien, durante esta semana, se ocupará de realizar la selección de colegas en cada una de las cinco delegaciones de la provincia. El acompañamiento legal y jurídico abarca todas las modalidades educativas.

En diálogo con El Sol, la subsecretaria de Educación, Mónica Soto, aseguró que, ante cualquier episodio de violencia (psicológica o física), el supervisor deberá avisar inmediatamente a la dirección de la modalidad involucrada y que esta deberá informar a la Subsecretaría de Educación para coordinar en conjunto y actuar “de forma urgente” sobre un hecho determinado.

“Será un cuerpo de abogados permanente, porque es parte de las sugerencias que nos hicieron los docentes, que ante estos casos no están preparados para actuar y, además, no tienen por qué saberlo. Esperamos brindar ayuda, porque hay violencia social y la escuela es la caja de resonancia”, indicó Soto.

Dos proyectos demorados. Mientras avanza la asesoría legal en las escuelas, todavía está frenado el proyecto de la DGE que apunta a modificar el Código de Faltas y, con esto, multar a padres agresores, ya sea con dinero o con días de prisión. El proyecto que presentó en julio María Inés Abrile de Vollmer obtuvo media sanción en Diputados, pero, aún, nadie sabe si Senadores pondrá el tema en el tapete esta semana.

Tampoco el polémico protocolo para casos de violencia escolar está listo. Desde la DGE aseguran que “su confección definitiva está en las últimas instancias”, pero nadie da aún una fecha para lanzarlo a rodar en las escuelas. Lo que sí confirmó Soto es que el cuerpo de abogados que se incorporará en las escuelas será un anexo que incluirá el demorado manual de procedimientos.

El sute y docentes contra la dge. Desde el Sindicato Unido de los Trabajadores del Estado (SUTE) salieron ayer a repudiar el nuevo proyecto del Gobierno. El sindicato, luego de reunirse para analizar la medida, aseguró que “la DGE no genera un cambio estructural en la política educativa, sino que hace gatopardismo. Muestra que se hace algo pero no cambia nada en serio”.

Miembros de la cúpula del SUTE –su secretario general, Adrián Mateluna, se encuentra en Brasil por una actividad gremial– manifestaron que “no hace falta” un cuerpo de abogados para supervisores ni docentes porque, de esta forma, “la DGE reconoce que tiene problemas graves y que pone sólo parches a una rueda pinchada”.

El sindicato, que nuclea casi a 50% de la masa docente, recordó que desde allí también se ofrece un servicio de asesoramiento legal a los afiliados y que se utiliza en casos excepcionales. “Con este cuerpo de abogados se reconoce que el Gobierno no está dando respuestas estructurales a la violencia”, señalaron desde el gremio.

Osvaldo Salinas, impulsor de la agrupación Docentes Mendocinos Independientes, también puso sus quejas respecto del nuevo cuerpo de abogados de la DGE. “Los maestros y profesores seguimos sin ser consultados por el Gobierno provincial. Ni siquiera está terminado el protocolo y a muchos docentes ni siquiera nos llegó la consulta que prometieron. Sólo suman empleados públicos”, completó Salinas.