“Lograr calidad inclusiva en educación” es el objetivo que persigue la Dirección General de Escuelas con la reforma educativa que implementó desde el comienzo de este ciclo lectivo. Así lo aseguró la titular de esa cartera, María Inés Abrile de Vollmer, quien, por un pedido del radicalismo debió justificar esos cambios ante los miembros de la comisión de Educación de la cámara de Diputados.

Entre las medidas más polémicas están la unión de primero y segundo grado, el cambio del régimen de sanciones en la secundaria y la extensión de las jornadas en sexto y séptimo grado de la primaria. La funcionaria, quien estuvo acompañada por la subsecretaria de Educación, Mónica Soto, y la subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa, Livia Sández, justificó las nuevas medidas en la necesidad de “lograr calidad inclusiva en educación” teniendo en cuenta el concepto de “obligatoriedad” establecido en la Ley de Educación nacional y que antes alcanzaba sólo al nivel primario pero que luego, por la normativa vigente, incluyó también al secundario.

Dijo que hace diez años atrás, sólo entre el 45 y el 50 por ciento de los chicos permanecía en el ciclo secundario mientras que hoy ese porcentaje se eleva al 85% promedio, “y esto hace que las escuelas sean más numerosas” y que por tanto se requieran de “otras medidas desde lo conceptual y lo operativo”. “Es precisamente desde lo conceptual, que se trabajó sobre el tema de las asistencias y la convivencia en las escuelas, dejando de lado aquellas normas expulsoras del sistema”, explicó.
 
Por su parte, diputados del partido Demócrata y la UCR interpelaron a la funcionaria y criticaron algunos aspectos de su proyecto. El diputado Tadeo García Zalazar (UCR) hizo hincapié en algunas propuestas planteadas con anterioridad, como por ejemplo, la implementación de la cédula escolar y del observatorio de convivencia escolar como una instancia previa a la puesta en práctica de nuevas medidas, además de hacer referencias a ciertos puntos que hacen a la cuestión operativa del funcionamiento pleno del sistema.

En tanto, su par de bancada Luis Petri, expresó que "los problemas de convivencia se han incrementado y había que dar nuevas respuestas a estos nuevos problemas. Creemos que este proceso genera incertidumbre, confusiones” y consideró que no es “un procedimiento que esté acabado en cuanto a metodología de funcionamiento”. Sin embargo, hizo aportes técnicos como plazos, composición y funcionamiento del Consejo escolar, la necesidad de regulación del procedimiento de demostración de culpabilidad, o el hecho que, a su criterio, se hace hincapié en el que comete la falta y no en la víctima.