Desde que desembarcó el camión compactador en la playa de secuestros judiciales San Agustín, hace casi seis meses, 2.200 autos con más de diez años de abandono en ese predio de Capital ya se convirtieron en 1,5 millones de kilos de chatarra. Todo este material se transporta en camiones a la provincia de Buenos Aires para su fundición y reutilización.

La máquina llegó en octubre del año pasado, tras un acuerdo con la Nación, y vino a dar solución a un viejo problema: el de los miles de vehículos varados en el playón, que desde hace años está colapsado, y provocan un pasivo ambiental por la acumulación de baterías, aceite en desuso y chatarra.

A lo largo de los años, se han acumulado más de 20 mil rodados, entre motos, autos, colectivos, que llegaron allí por secuestros a partir de causas judiciales locales o federales. Algunos son devueltos a sus propietarios o son rematados, como los que se publican mensualmente en los diarios, pero la gran mayoría está bajo proceso judicial y son los que ahora se encuentran en la lista para tener un destino final.

La salida de una parte del parque automotor fue posible gracias a un acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Seguridad que posibilitó la destrucción de vehículos y autopartes que no cuentan con documentación que permita la identificación con algún expediente judicial en trámite.

“Hasta mediados de este año estará instalado el tráiler con el equipo de operarios que trabajan durante todo el día con el equipo que fue enviado desde la provincia de Buenos Aires, luego la provincia tomará medidas propias para alquilar los servicios de alguna empresa local”, comentó Erwin Cersósimo, director de Seguridad Vial de la Provincia.

El funcionario aclaró que el procedimiento sólo es posible con los vehículos que tienen más de 10 años de permanencia en la playa de 15 hectáreas, donde hay rodados de las décadas del ’50 y el ’60.

Entre dos y tres camiones semirremolque emprenden viaje todas las semanas cargados con los montículos de chatarra para fundir en las principales acerías del país.

Pero el circuito no termina ahí. Por cada tonelada de acero, Mendoza recibirá divisas. Aunque no transcendió el monto de esas operaciones, en su oportunidad el gobernador Pérez aseguró que el dinero será distribuido en  organizaciones de la región.

Casos especiales

Cersósimo dio algunos detalles del proceso de compactación e hizo alusión a los autos más antiguos, los cuales demandan un proceso especial debido a que las chapas son muy resistentes y deben ser cortadas.

Si bien el aparato compactador de vehículos logrará despejar y descomprimir en parte el cementerio de autos, por estas horas siguen llegando vehículos que son secuestrados.

De todos modos, el funcionario se mostró optimista y manifestó: “Este nuevo sistema es como una rueda que empieza a girar con la previa autorización del Poder Judicial, desde donde emiten los listados con la aprobación del trámite administrativo para la destrucción de los vehículos. Es un reacomodamiento y una herramienta muy importante para dar destino final a vehículos con más de diez años en la playa”.

También hay un porcentaje menor de autos que no serán destruidos para ser reinscriptos y puestos nuevamente en circulación con tenencia compartida entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad, porque han sido las dos estructuras que han mantenido la custodia de estos vehículos durante todos estos años.

Desde que funciona la playa, por decreto desde 1972 – aunque hay registros de autos que llegaron allí en 1968–, esta es la primera oportunidad en que se logra dar un destino final a miles de rodados. Pocos fueron rematados. Los que estaban por problemas judiciales nunca fueron movidos.

La máquina compactadora pertenece a una empresa privada contratada por la Nación, a través del Ministerio de Justicia en el marco del programa de autopartes.

7 de octubre de 2013

Arturo Puricelli, ministro de Seguridad de la Nación, visitó la provincia y junto con el gobernador Francisco Pérez recorrieron la playa San Agustín, donde se inauguró el camión compactador financiado por la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos. Esta decisión fue posible por un acuerdo de la Suprema Corte que estableció el nuevo mecanismo para disponer de los autos secuestrados por causas judiciales. La custodia la tiene el Ministerio de Seguridad.

Las víctimas de la burocracia

La mayoría de los rodados secuestrados están allí por cuestiones judiciales. Se ordena la custodia y hasta que el expediente no se resuelve el proceso no se cierra. En la playa San Agustín hay autos de alta gama –en su mayoría “mellizos”– y camiones 0km sin registro. Vaciar el playón de toneladas de trastos viejos permite subsanar parte del problema y la rotación de vehículos.