El 24 de octubre fue el día en que la Legislatura provincial, con la anuencia de todos los bloques, aprobó la ley de Responsabilidad Social Empresaria -RSE- Nº 8.488, la cual establece la obligatoriedad de presentar por parte de las firmas que operen en la provincia, un "Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria".

Si bien aún no se ha reglamentado, la normativa ya despierta controversia en algunos sectores empresariales. El primero en señalar nuevas consideraciones en algunos de los artículos de la 8.488 fue Valos, la organización pionera en establecer pautas de RSE en la provincia.

Entre las observaciones, los empresarios de Valos afirmaron que no es posible que sea el Ministerio de Agroindustria del Gobierno, la única autoridad de aplicación de la Responsabilidad Social Empresaria en la provincia.

"No se puede dejar esa responsabilidad en manejos políticos. La autoridad de aplicación debe estar además integrada por representantes de asociaciones y cámaras empresarias, universidades y OSC", señalaron.

Otro de los artículos de la ley que también despierta opiniones encontradas es el referido a los requisitos de los auditores y el rol que desempeña el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Universidad Nacional de Cuyo.

"La normativa si bien establece que podrán realizar reportes de sustentabilidad profesionales independientes, los mismos deben haber realizado un posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, dejando fuera de juego a otras universidades. En cuanto a la instrumentación de la RSE, la norma establece como prioritaria al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, nuevamente es necesario incluir otras entidades para evitar todo tipo de arbitrariedades y hasta favoritismos", remarcaron.

Mañana en la Legislatura, el debate será intenso y promete sugerir más modificaciones a la 8.488. Estarán presentes además de Valos, la Federación Económica de Mendoza (FEM), el Consejo Empresario Mendocino (CEM), la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), representantes de universidades y OSC.

Expondrá Sebastián Bigorito del Ceads (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible) y participante por Argentina en la elaboración de la ISO 26000 de RSE el que analizará la situación de la sustentabilidad a nivel mundial, latinoamericano y argentino. Luego será el turno de las exposiciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y Valos.

Alcances

Con esta nueva ley, Mendoza establece la delantera en el país, y se convierte en la primera provincia en contar con una Ley de Responsabilidad Social Empresaria. En el resto del territorio nacional están en danza aún proyectos de ley propulsados por legisladores como la senadora nacional María Laura Leguizamón y los diputados también nacionales Martín Cosentino y Fernando Yarade.

En la provincia la ley, su puesta práctica recién será el 24 de febrero, en sus artículos es obligatoria en la provincia para firmas de gran porte; que incluyan en su planta de personal a más de 300 empleados y que su facturación anual supere los 100 millones de dólares. Pero también es coercitiva para aquellas firmas medianas que pretendan acceder a créditos a tasa subsidiada del Fondo de la Transformación y Crecimiento (FTyC) u otro organismo financiero, así como también de gozar de beneficios impositivos.

En concreto, la normativa establece para las firmas un certificado de "Empresa Socialmente Responsable", el cual tendrá como vigencia un año y será el pasaporte para acceder a beneficios muy concretos.
 
Así, las empresas responsables tendrán prioridad en las contrataciones con el Estado provincial y municipal; mayor y mejor posibilidad de acceso a la línea de créditos y financiamiento del Fondo para la Transformación y Crecimiento de la Provincia; y aquellas empresas que consigan el "Premio Anual a la Excelencia", obtendrán una bonificación de hasta 10% de descuento en el pago de impuestos provinciales u otros beneficios fiscales.

A su vez, las firmas responsables podrán disponer de un espacio físico otorgado por el municipio que le corresponde a su domicilio en la provincia, con el fin de publicitar sus productos o servicios.

Desde Valos afirmaron que son unas 300 firmas las que llevan a cabo acciones que mitigan el impacto ambiental, y fomentan el desarrollo de sus empleados y comunidades, entre otras iniciativas ligadas al desarrollo sustentable.